Ayer, primer día de mayo, se celebró de nuevo el Día Internacional de los trabajadores, con manifestaciones en las principales ciudades, donde se reivindican las demandas obreras como conmemoración de los hechos de los meses de abril y mayo de 1886 en Chicago, cuando se luchaba por la jornada laboral de ocho horas diarias. Al menos, así lo entendí. Sin embargo, en la celebrada ayer en Madrid, tuve la sensación de que alguien sobraba o alguien faltaba allí. Me pareció que sobraban los representantes del gobierno o que faltaban los representantes de los empresarios, porque la economía española es una de las más grandes economías mistas del mundo en la que el Estado, y en su nombre, el poder ejecutivo, tiene una participación altísima en la toma de decisiones para regular adecuadamente su funcionamiento, lo que le asimila una la toma de decisiones empresariales de tal calibre, que gran parte de la renta salarial generada en España depende de ellas. Por decirlo así, el Estado español es un gran empresario.
Si el Gobierno de la nación, si varios de sus ministros participaban en la manifestación, era: porque les dio la gana (algo a lo que tienen todo el derecho); porque se consideran parte integrante de los obreros mal pagados (algo que no se sostiene de ninguna forma); o porque manifestaban su solidaridad con el movimiento obrero acompañándolos en ese acto. Pero, su presencia allí no era neutral, porque de ellos depende la fijación de los salarios de gran parte del sector público y su presencia parece denotar que los trabajadores de dicho sector gozan de una remuneración perfecta. Parecía unirles el aumento de salarios, pero exclusivamente de los salarios que pagan otros, cuando acaba de superarse una huelga promovida por los Letrados de la Administración de Justicia en demanda de sus reivindicaciones salariales que, parece que no estaban bien ajustadas y que competía al Gobierno solucionar.
En definitiva, se trataba de una manifestación solo contra los empresarios del sector privado. No solo de aquellos que actúan mediante una competencia monopolística, que fijan precios y obtienen unos beneficios ciertos y altos; tampoco contra los que actúan de modo competitivo como grandes empresas, también con altos beneficios; sino también contra los que compiten de forma concurrencial y que muchos fines de mes tienen que recurrir al crédito para poder pagar a sus trabajadores y liquidar sus impuestos.
Los trabajadores estaban en su lugar, porque la capacidad adquisitiva de sus salarios se ha deteriorado por los movimientos inflacionarios producidas por el shock de oferta de costes energéticos y demás. El caso es que el salario medio en España es un 20 % menor, en términos relativos, que el salario bruto de los países de la U. E., dicho de forma rudimentaria. De otra parte, las tasas de paro en España son un mal que se perpetúa desde siempre sin que parezca tener solución. En los inicios de la Democracia, uno de los problemas que más preocupaban a los ciudadanos, según las encuestas, era las altas tasas de paro, que hoy siguen manteniéndose como en los viejos tiempos porque, tanto en la Eurozona como en toda la U. E., las tasas de paro se mueven alrededor del 6 - 6,5 %, cercanas a las tasas de paro friccional o pleno empleo, mientras en España persisten en el doble, el 12 - 12,5 %, y constituyen un diferencial que no hemos sido capaces de corregir y que parece ser nuestra tasa de paro natural, eterna.
Los representantes sindicales les decían, ayudándose de un altavoz, que “existe mucha riqueza y que es necesario distribuirla de forma más equitativa”, lo que interpreté como que es preceptiva una mayor participación de los salarios en la Renta total y como una declaración de intenciones a la que creo que se sumaría mucha gente antes de analizar las Cuentas anuales de las empresas depositadas en el Registro Mercantil. Pero, a continuación, siguieron pidiendo las subidas salariales bajo la amenaza de una cercana movilización, probablemente porque así se hace siempre en vez del diálogo, que entiendo como lo preceptivo y lo correcto.
Confieso que no me gustó este tono de amenaza, porque supone que es objetivo el que los empresarios obtienen cuantiosos beneficios y guardan en los cajones de su despacho puestos de trabajo que no quieren sacar, para obligar a los trabajadores a doblegarse y aceptar unos salarios tan bajos. Recordé cuando, de joven, creía en el comunismo y leía las obras de Carlos Marx: La historia de la humanidad ha sido la historia de lucha entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas. El destino de esa lucha es la liberación por parte del proletariado y de la sociedad entera, de la explotación y opresión, de todas las diferencias y luchas de clases”. (Manifiesto Comunista).
Recordé la Inglaterra del siglo XIX, cuando las mejoras de la Revolución industrial ya habían cristalizado en el bienestar social, pero Marx consideraba a los empresarios como los depredadores del excedente de la producción de mercancías, de su valor de uso, del sudor de los obreros empleado para producirlas, a través de su explotación, de robarles ese excedente, para obtener la “plusvalía”. Y me recordó que John Stuart Mill le recordaba que desconfiaba tanto de la dictadura del proletariado como él de los fallos del mercado.
En definitiva, mi intuición me llevó a pensar que en la manifestación de ayer cabía perfectamente la asistencia de los empresarios por las mismas razones que el resto de los grupos que concurrían. Hoy, la Admón. Pública hace contratos a los trabajadores en los que utiliza la misma lógica y el mismo proceder que los empresarios particulares para ahorrar costes y, me pregunto, ¿por qué no lo decían los sindicalistas por sus altavoces, si tenían tan cerca a varios miembros del gobierno de la nación?
En todo caso, ¿por qué vivimos aún de las etiquetas del siglo XIX, cuando la experiencia ha demostrado la gran utilidad del llamado “factor empresarial” en la producción de la renta y la creación de la espiral de empleo y riqueza. Lo mismo que entre los obreros, los sindicalistas y los políticos, entre los empresarios los hay mejores y peores. Pero parece absurdo mantener la vieja caracterización del empresario como el agente de la producción que se dedica a robar el sudor ajeno y que por eso solo haya que manifestarse contra él, con independencia de que la retribución salarial ha de ser siempre lo más digna posible.
Cuando a finales de 1989 cayó por fin el Muro de Berlín, decenas de miles de personas (y luego muchas más) pasaron desde la Alemania Oriental, bajo influjo soviético, a la Alemania Occidental, bajo la OTAN, y donde existía y existe una economía de mercado que absorbió a su población, la integró social, política y económicamente, y hoy goza de trabajo y de un bienestar debido en (en su parte alícuota) al factor empresarial alemán, a esa capacidad para producir y extender la riqueza que todos no tenemos.
Alfredo Martín Antona
