España se ha lanzado con decisión a la carrera del biogás. Bajo el paraguas de la transición ecológica y con el impulso de los fondos europeos, se multiplican los proyectos de plantas destinadas a transformar residuos orgánicos en energía. Sobre el papel, la idea es impecable: menos vertederos, menos emisiones, más energía limpia. Sin embargo, la realidad que empieza a emerger en numerosos municipios del país es mucho más incómoda. Allí donde estas instalaciones se proyectan o ya funcionan, crece un rechazo social que no responde a un capricho ni a una oposición irracional, sino a una preocupación fundada por la salud, el medio ambiente y la forma en que se están tomando las decisiones.
Colmenar Viejo se encuentra hoy en el centro de este debate. Y lo que está ocurriendo en este municipio madrileño no es una excepción, sino un reflejo claro de un modelo que empieza a mostrar sus grietas. El problema no es el biogás en sí. Es el tipo de proyectos que se están promoviendo y, sobre todo, cómo se están imponiendo. Porque lo que se está planteando en muchos casos no son pequeñas instalaciones locales para gestionar residuos de proximidad, sino macroplantas diseñadas para absorber grandes volúmenes de residuos procedentes de múltiples territorios. Es decir, infraestructuras que concentran impactos en un solo municipio mientras los beneficios se distribuyen en otros lugares. Para entender la preocupación de los vecinos, conviene ir más allá de los eslóganes y explicar qué implica realmente una planta de este tipo.
El proceso de producción de biogás consiste en la descomposición de materia orgánica en ausencia de oxígeno. Durante este proceso se generan distintos gases, entre ellos metano —que es el que se aprovecha energéticamente— pero también otros compuestos que no suelen aparecer en los discursos institucionales. Entre ellos destacan el amoniaco, el sulfuro de hidrógeno y los llamados compuestos orgánicos volátiles. El sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, es un gas conocido por su olor a huevo podrido. Pero no es solo una cuestión de olor. En determinadas concentraciones, puede provocar irritación en los ojos, problemas respiratorios, dolores de cabeza persistentes y, en exposiciones prolongadas, efectos más serios sobre la salud. El amoniaco, por su parte, es un irritante que afecta a las vías respiratorias y puede agravar patologías previas, especialmente en niños y personas mayores.
Estos gases no siempre se perciben como un episodio puntual. En muchos casos, se convierten en una presencia constante, en pequeñas concentraciones, que deterioran progresivamente la calidad de vida. Por eso, en los municipios donde existen este tipo de instalaciones, las quejas más repetidas no hablan de cifras técnicas, sino de experiencias cotidianas: no poder abrir las ventanas, evitar salir al jardín, convivir con un olor permanente que altera el descanso y el bienestar. El olor, de hecho, es el principal detonante del conflicto. No porque sea el único problema, sino porque es el más visible, el más inmediato, el que convierte un proyecto abstracto en una realidad difícil de ignorar. Es el punto en el que la teoría choca con la vida diaria.
A esto se suma otro factor clave: el tráfico. Estas plantas necesitan un flujo constante de residuos. Eso se traduce en la entrada y salida continua de camiones, en carreteras que soportan un volumen de tráfico para el que no estaban diseñadas, en ruido, polvo y una presión añadida sobre el entorno. En municipios como Colmenar Viejo, con una identidad propia y un equilibrio entre lo urbano y lo natural, este tipo de cambios no son menores. Pero quizás el problema más profundo no es ninguno de estos por separado, sino la suma de todos ellos bajo una misma lógica: la concentración de impactos en un único territorio. Es aquí donde aparece el concepto que ya se ha convertido en lema en distintas partes de España: “territorio de sacrificio”. No es una expresión exagerada. En Castilla-La Mancha, donde se están proyectando múltiples plantas en comarcas concretas, los vecinos han salido a la calle para denunciar exactamente eso. En Carrascosa del Campo, cerca de 2.000 personas se manifestaron recientemente contra siete proyectos en su entorno. Siete. No uno, sino siete instalaciones en una misma comarca. Lo que denuncian no es solo el impacto de cada planta, sino la acumulación de todas ellas en un mismo territorio. Lo mismo ocurre en otros municipios como Villanueva de Alcardete, San Clemente o Tarancón. Y también en zonas de Castilla y León, Aragón o Cataluña. En todos estos lugares se repite el mismo patrón: proyectos de gran escala, información limitada, decisiones percibidas como alejadas de la ciudadanía y una creciente desconfianza hacia las administraciones. Colmenar Viejo, a día de hoy, parece estar recorriendo ese mismo camino.
El Ayuntamiento ha declarado el proyecto de planta de biogás como de interés social, una decisión que facilita su desarrollo y que tiene un peso político considerable. Sin embargo, la forma en que se ha adoptado esta decisión introduce un elemento adicional de controversia. La aprobación salió adelante con los votos favorables del Partido Popular y gracias a la abstención de una concejala del PSOE. Es decir, una decisión de gran impacto territorial que no nace de un consenso amplio, sino de una mayoría ajustada y de una abstención decisiva. En un asunto de esta magnitud, la forma importa tanto como el fondo. Y cuando la percepción es que una decisión se sostiene por la mínima, sin un respaldo claro y sin un proceso de debate profundo, la legitimidad se resiente.
Pero si hay un elemento que ha terminado de encender las alarmas es la medida anunciada por el gobierno municipal: la reducción del 50% del recibo de basuras durante diez años. A primera vista, puede parecer una buena noticia para los vecinos. ¿Quién no querría pagar menos impuestos? Sin embargo, cuando se analiza con detenimiento, la medida revela una lógica profundamente problemática. Porque esa reducción no responde a una mejora del servicio ni a una eficiencia en la gestión. No se explica por una disminución de costes. Se presenta, de facto, como una compensación asociada a la implantación de la planta. Y eso plantea una cuestión incómoda pero inevitable: ¿se está intentando comprar la aceptación social del proyecto? La pregunta no es retórica. Es política.
Cuando una administración ofrece un incentivo económico vinculado a la aceptación de una infraestructura potencialmente molesta, lo que está haciendo es trasladar el debate desde el interés general hacia una lógica de intercambio: soportar el impacto a cambio de un beneficio económico. Y eso, además de cuestionable desde el punto de vista ético, es profundamente peligroso desde el punto de vista social. Porque los olores no se reducen un 50%. El tráfico no se reduce un 50%. Los posibles impactos sobre la salud no se reducen un 50%. La realidad no funciona con descuentos. Lo que sí ocurre, y la experiencia en otros territorios lo demuestra, es que cuando los efectos reales aparecen, la sensación de haber sido “convencido” mediante incentivos económicos genera una reacción mucho más intensa. La desconfianza se multiplica. El conflicto se agrava.
En este contexto, la actuación conjunta del Partido Popular y del PSOE —uno apoyando activamente el proyecto y el otro facilitándolo mediante una abstención decisiva— transmite un mensaje preocupante: que, en cuestiones de alto impacto para la ciudadanía, las diferencias políticas pueden diluirse en favor de decisiones que no necesariamente responden a un debate público riguroso. No se trata de cuestionar la necesidad de avanzar hacia un modelo energético más sostenible. Eso es incuestionable. Se trata de cuestionar cómo se está haciendo.
La transición ecológica no puede construirse a costa de determinados territorios. No puede basarse en decisiones tomadas sin participación real. No puede apoyarse en incentivos económicos para evitar el debate de fondo. Y, sobre todo, no puede ignorar los impactos sobre la salud y la calidad de vida de quienes van a convivir con estas instalaciones. Colmenar Viejo tiene hoy la oportunidad de replantear este modelo. De abrir un debate real, transparente, informado. De escuchar a sus vecinos antes de tomar decisiones que marcarán el futuro del municipio durante décadas. Porque la cuestión no es si el biogás es necesario.
La cuestión es si estamos dispuestos a implantarlo de cualquier manera.
Y, cada vez más, en muchos puntos de España, la respuesta empieza a ser clara.
¡No a la plata de Biogas! …. ¡Referendum ya!
Miguel Angel Pedrosa Ruiz
Secretario General del Partido Politico TÚ ELIGES
