Durante décadas, cada vez que una potencia internacional actúa contra un país concreto —hoy Venezuela— se nos presenta el mismo argumento: que se hace en nombre del Derecho Internacional, de la democracia o de los derechos humanos.
Sin embargo, un repaso honesto de la historia reciente demuestra una realidad incómoda:
el Derecho Internacional no se aplica de forma universal, sino selectiva, en función de los intereses de quienes concentran el poder militar, económico y geoestratégico.
No es una anomalía.
Es un patrón sistemático.
Un derecho creado para frenar la fuerza… y utilizado para justificarla
Tras la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional se dotó de normas claras para evitar que la fuerza sustituyera al derecho. La Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario establecieron principios básicos y comprensibles para cualquier ciudadano:
Estas normas existen.
El problema no es su ausencia, sino quién decide cuándo se aplican y cuándo se ignoran.
Estados Unidos: golpes de Estado y guerras sin consecuencias
El papel de Estados Unidos ilustra con claridad esta práctica.
En Guatemala (1954), un gobierno democrático fue derrocado por afectar a intereses económicos estadounidenses, dando paso a décadas de violencia.
En Chile (1973), se apoyó el golpe que acabó con el presidente elegido democráticamente Salvador Allende, imponiendo la dictadura de Augusto Pinochet, responsable de miles de asesinatos, torturas y desapariciones. No hubo persecución internacional ni defensa del orden jurídico.
En Irak (2003), se invadió un país soberano sin mandato de la ONU, con argumentos que posteriormente se demostraron falsos. El resultado fue devastador: cientos de miles de muertos civiles, destrucción institucional y desestabilización regional.
En Afganistán, tras veinte años de ocupación, el país fue abandonado en el caos.
No fueron errores.
Fueron decisiones políticas conscientes, adoptadas al margen del derecho y sin consecuencias reales.
Rusia y China: la misma lógica con distinto relato
Rusia ha seguido el mismo patrón en Georgia, Crimea y Ucrania, invadiendo territorios soberanos y bombardeando ciudades con miles de víctimas civiles.
China reprime de forma sistemática a minorías como las del Tíbet y Xinjiang, con detenciones masivas sin garantías judiciales, mientras apoya regímenes autoritarios en otras regiones cuando le resulta estratégico.
La diferencia no está en el comportamiento.
Está en quién tiene poder suficiente para no rendir cuentas.
Israel y Palestina: el derecho suspendido indefinidamente
La situación en Gaza y Cisjordania representa uno de los ejemplos más claros del doble rasero internacional.
Bombardeos sobre población civil, destrucción de hospitales y viviendas, castigos colectivos y expansión ilegal de asentamientos llevan años siendo documentados. Las normas que lo prohíben existen. Las resoluciones también.
No se aplican.
Porque el equilibrio de poder pesa más que los derechos humanos.
Aquí el Derecho Internacional no fracasa:
se decide no aplicarlo.
Europa y España: corresponsables por acción y por silencio
Europa no es un actor neutral. Participó en la intervención militar en Libia, que dejó un Estado fallido. Formó parte de la ocupación de Afganistán durante dos décadas. Ha mantenido relaciones comerciales y venta de armamento con países implicados en conflictos devastadores como Yemen, mientras la población civil sufría una de las peores crisis humanitarias del planeta.
España, como miembro de la OTAN y de la Unión Europea, ha participado en estas decisiones o ha guardado silencio.
Europa no actúa como un bloque unido, ni ha demostrado capacidad para hacerlo. Cada Estado defiende sus propios intereses y, cuando estos chocan, Europa calla.
Asesinatos selectivos: matar sin juicio
Uno de los aspectos más graves es el de los llamados “asesinatos selectivos”.
Bajo la etiqueta de lucha contra el narcotráfico o la seguridad internacional, Estados Unidos ha llevado a cabo ataques letales contra personas señaladas unilateralmente como criminales, incluso en países soberanos como Venezuela.
No hubo detención.
No hubo juicio.
No hubo derecho de defensa.
Hubo ejecución.
La pregunta es simple y legítima:
¿desde cuándo una acusación equivale a una sentencia de muerte?
La respuesta es clara: en ninguna norma internacional.
Venezuela: hoy aquí, mañana en cualquier otro lugar
Conviene decirlo sin ambigüedades:
no se defienden dictaduras ni se justifican abusos de poder.
Pero el Derecho Internacional no puede aplicarse a unos sí y a otros no, según convenga.
Si hoy se actúa contra Venezuela, pero ayer no se actuó contra quienes:
entonces no hablamos de justicia.
Hablamos de poder selectivo.
Intervenir para proteger a los pueblos no es invadir para saquearlos
Conviene introducir aquí una distinción fundamental que a menudo se manipula deliberadamente.
Hay situaciones en las que un Estado incumple de forma grave y continuada sus obligaciones más básicas: cuando un gobernante o una élite en el poder asesina, persigue, encarcela, desplaza forzosamente o somete a su propia población, vulnerando los derechos humanos más elementales y traicionando su deber esencial como gobernante, que no es otro que proteger a sus ciudadanos.
En esos casos, la comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado.
Pero la respuesta no puede ser la que hemos visto hasta ahora.
Intervenir para proteger a civiles no es lo mismo que:
La protección de los derechos humanos no autoriza el uso unilateral de la fuerza, ni convierte a ningún país en juez, jurado y ejecutor del orden mundial.
La legalidad existe: lo que no existe es la voluntad de cumplirla
El Derecho Internacional sí prevé mecanismos para actuar cuando un Estado masacra o reprime gravemente a su población.
Pero esos mecanismos exigen condiciones claras:
Nada de esto es lo que ha ocurrido en las grandes intervenciones de las últimas décadas.
En la práctica, lo que se ha hecho es utilizar el discurso de los derechos humanos como coartada, mientras:
Eso no es protección internacional.
Eso es abuso de poder.
Cuando el poder militar sustituye al derecho: una amenaza global
El problema se agrava cuando líderes de grandes potencias reconocen abiertamente que sus actuaciones responden a intereses económicos o estratégicos.
Escuchar a un dirigente afirmar que va a “quedarse con el petróleo” de otro país,
amenazar con capturar al jefe de Estado de una nación soberana, o declarar que “dirigirá” ese país desde fuera, no es solo inquietante: es una amenaza directa al orden internacional.
Cuando además se extienden amenazas a otros territorios o países —incluso a regiones como Groenlandia— el mensaje es claro: la ley deja paso a la fuerza.
Y cuando eso ocurre, ningún país está realmente protegido, porque el criterio deja de ser el derecho y pasa a ser la conveniencia del más fuerte.
¿Para qué sirven entonces la ONU y la diplomacia internacional?
Aquí surge una pregunta que muchos ciudadanos se hacen y que rara vez se responde con honestidad:
¿Para qué se sostienen enormes estructuras internacionales, miles de funcionarios, misiones diplomáticas y organismos multilaterales, si cuando una potencia decide actuar ignora todas las normas existentes?
Si:
entonces el sistema no protege a los pueblos, protege el statu quo del poder.
La diplomacia sin capacidad de decisión real se convierte en gestión del silencio,
y las instituciones internacionales en escenarios de legitimación vacía.
El escenario que se dibuja es profundamente preocupante
Si esta dinámica no se frena, el futuro es previsible:
No porque falten normas, sino porque nadie está dispuesto a hacerlas cumplir frente al más fuerte.
Y mientras tanto, los pueblos seguirán pagando el precio: con guerras, desplazamientos, pobreza y pérdida de derechos.
Urge un cambio real
Defender los derechos humanos sí exige intervenir cuando un régimen masacra a su población.
Pero hacerlo fuera de la legalidad, por intereses económicos o estratégicos, destruye el propio concepto de justicia internacional.
Un mundo donde:
no es un mundo más seguro.
Es un mundo abocado al conflicto permanente.
Si el Derecho Internacional y los Derechos Humanos no se aplican también contra quienes tienen poder militar y económico, entonces dejan de ser una garantía universal y se convierten en un instrumento de dominación.
Ese es el verdadero peligro.
Y esa es la denuncia que no puede seguir silenciándose.
Una advertencia que debería preocupar a todos
El mensaje implícito es peligroso: hoy son unos; mañana puede ser cualquiera.
Todo depende de si un país molesta o deja de servir a los intereses de quienes concentran el poder armamentístico y geoestratégico.
Y mientras Europa siga dividida y sin una voz propia, seguirá mirando hacia otro lado.
Un derecho que solo se aplica cuando conviene no es derecho.
Es una herramienta de dominación.
La ciudadanía tiene derecho a saberlo.
Porque cuando el derecho deja de ser universal, nadie está a salvo.
Miguel ángel Pedrosa Ruiz
Secretario General del partido politico TÚ ELIGES
