Lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio no puede reducirse ya a una discusión sobre si nuestros servicios de inteligencia fueron capaces de prever que más de 70.000 personas atravesarían la frontera desde Marruecos. Tras el auto dictado este 7 de septiembre por la jueza María Tardón, la cuestión adquiere una dimensión todavía mayor: qué sabía el Estado antes de la crisis, qué hicieron quienes tenían la responsabilidad política de decidir y qué ocurrió realmente al otro lado de la frontera.
Hoy sabemos que existieron avisos previos. Margarita Robles defendió públicamente que el CNI realizó la labor que le correspondía y que la información fue compartida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con la Delegación del Gobierno. También se han conocido notas del CENIF de los días 28 y 29 de julio y comunicaciones incorporadas posteriormente a la investigación judicial.
Es posible que ningún informe anticipara exactamente la dimensión final de la entrada. Pero un servicio de inteligencia no está para adivinar una cifra. El artículo 4 de la Ley 11/2002, reguladora del CNI, atribuye al Centro la función de obtener, evaluar e interpretar información para prevenir amenazas contra la soberanía, la integridad territorial y la seguridad del Estado.
La inteligencia informa. El Gobierno decide.
Por eso considero injusto que buena parte de la defensa del Ejecutivo haya descansado en insistir en aquello que nuestros servicios no fueron capaces de prever. El propio presidente señaló ante las Cortes que ningún servicio anticipó el cruce masivo. Ese discurso acaba proyectando una imagen muy negativa del CNI, la Policía y la Guardia Civil, como si su trabajo no hubiera sido suficientemente fiable o relevante para provocar una reacción.
Y precisamente ahí comienza la responsabilidad política.
El artículo 97 de la Constitución establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado; el artículo 98.2 atribuye al presidente la dirección de la acción del Gobierno. La Ley 36/2015 de Seguridad Nacional atribuye al Gobierno y al presidente la dirección de la política y del Sistema de Seguridad Nacional y establece que una crisis debe abordarse desde la prevención y la detección, no solamente desde la respuesta.
Por tanto, si los servicios emitieron avisos, hay que saber quién los recibió, cómo fueron valorados y qué decisiones provocaron.
En este contexto, la posición de Margarita Robles resulta especialmente significativa. Mientras otros responsables del Gobierno han insistido en aquello que nadie pudo anticipar, Robles ha defendido públicamente que el CNI cumplió con sus funciones. No puedo afirmar que haya sido apartada «por decir la verdad», pero sí resulta llamativo que la ministra que más claramente ha defendido la profesionalidad de nuestros servicios haya quedado en una posición incómoda dentro del propio Ejecutivo.
Pero desde hoy existe un elemento nuevo que eleva considerablemente la gravedad del asunto.
La jueza María Tardón ha declarado competente a la Audiencia Nacional y ha asumido formalmente la investigación. En su auto considera que existen elementos para investigar una presunta conducta delictiva cometida desde el extranjero que habría atacado gravemente la integridad territorial de España, protegida por el artículo 2 de la Constitución.
La resolución, siguiendo también el criterio de la Fiscalía, no describe ya lo sucedido simplemente como una acumulación espontánea de entradas irregulares. La investigación parte de la posible existencia de un proceso organizado y coordinado, estructurado en distintos niveles que irían desde la difusión de mensajes y la organización sobre el terreno hasta niveles superiores de planificación y dirección todavía por identificar.
Especialmente relevante resulta que entre los elementos que deberán investigarse aparezca la posible intervención sobre el terreno de miembros uniformados y no uniformados de las fuerzas de seguridad marroquíes.
Esto no significa que la Audiencia Nacional haya declarado responsable al Gobierno de Marruecos. No lo ha hecho.
Precisamente se abre la investigación para determinar quién organizó, planificó y dirigió los hechos.
Pero políticamente resulta cada vez más difícil mantener que estamos simplemente ante una crisis migratoria imprevisible.
Existe además una circunstancia especialmente significativa: el propio auto recuerda que Pedro Sánchez calificó lo sucedido, cuando visitó Ceuta el 31 de julio, como un ataque o violación de la integridad territorial española.
Si aquello fue, como afirmó el propio presidente, un ataque contra nuestra integridad territorial, considero todavía más necesario explicar qué hizo el Gobierno antes, durante e inmediatamente después de ese ataque.
Y aquí aparece una contradicción política que merece atención.
Mientras la Audiencia Nacional considera suficientemente graves los indicios como para investigar un posible ataque contra la integridad territorial procedente del extranjero y profundizar en la participación de actores vinculados a Marruecos, Marlaska ha reiterado hoy que ningún informe identifica todavía al «autor intelectual» y ha vuelto a expresar su confianza en Marruecos, calificando la cooperación con Rabat de excelente.
Jurídicamente ambas posiciones pueden coexistir: investigar indicios no equivale a declarar una culpabilidad.
Pero políticamente resulta difícil comprender que, ante un auto judicial de semejante gravedad, la primera reacción continúe siendo reafirmar la confianza en Marruecos en lugar de exigir públicamente a Rabat el máximo esclarecimiento de los hechos.
Prudencia jurídica, sí.
Complacencia política, no.
Interior también debe explicar su propia actuación. No afirmo que Marlaska no solicitara informes, porque no dispongo de documentación que permita sostenerlo. Pero necesitamos conocer qué información pidió, qué recibió de Policía y Guardia Civil, qué sabía la Delegación del Gobierno y qué llegó finalmente a Presidencia.
Si Interior mostró tanta preocupación cuando conoció un informe remitido directamente a la jueza, resulta igualmente legítimo preguntar qué mecanismos puso en marcha desde el 30 de julio para reconstruir toda la información existente antes de la crisis.
Tampoco considero que pueda desaparecer del análisis la decisión del presidente de marcharse de vacaciones durante agosto.
Por supuesto que un presidente tiene derecho a descansar. También lo tenían policías, guardias civiles, militares, sanitarios, funcionarios y ciudadanos de Ceuta.
Pero la crisis no les preguntó si estaban de vacaciones.
No existe una norma que prohíba al presidente descansar durante una crisis. Mi crítica es política e institucional. Si la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional sitúan en el presidente la máxima responsabilidad de dirección, después de una crisis que él mismo calificó como un ataque a nuestra integridad territorial considero que debía estar al frente de la respuesta desde el primer momento.
Hoy Sánchez afirma que Ceuta es la «principal prioridad» del Gobierno y promete esclarecer lo sucedido. Celebro que lo sea.
Pero precisamente por eso cabe preguntarse: ¿por qué no fue esa prioridad política absoluta desde el 30 de julio?
Marruecos tampoco puede quedar fuera. Las personas que llegaron a Ceuta procedían de territorio marroquí y ahora una resolución judicial española considera necesario investigar actuaciones desarrolladas desde allí y la posible intervención de personas vinculadas a sus fuerzas de seguridad.
No debemos acusar al Gobierno marroquí sin pruebas.
Pero mucho menos debemos exonerarlo mientras la Justicia está precisamente investigando quién planificó y dirigió la operación.
España dispone además de instrumentos jurídicos para exigir respuestas. El Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991 establece el respeto de la soberanía y la integridad territorial. Y el Acuerdo hispano-marroquí de readmisión de 1992 contempla, bajo determinadas condiciones, la readmisión por Marruecos de nacionales de terceros países que hubieran entrado ilegalmente en España desde su territorio.
Su artículo 2 establece que la solicitud española debe presentarse dentro de los diez días posteriores a la entrada ilegal.
Ante una crisis de más de 70.000 entradas, considero inevitable preguntar: ¿hasta qué punto activó el Gobierno este mecanismo durante esos diez días, cuántas solicitudes presentó y qué respuesta obtuvo de Marruecos?
No significa que todas las personas pudieran ser devueltas automáticamente: deben respetarse los requisitos del acuerdo, el derecho de asilo, la protección internacional y los derechos fundamentales. Pero el Gobierno debe explicar cómo utilizó un instrumento jurídico creado precisamente para gestionar entradas irregulares procedentes de Marruecos.
La Unión Europea también debe asumir su responsabilidad. Ceuta es frontera exterior europea. Los artículos 77 y 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establecen la vigilancia eficaz de las fronteras exteriores y el principio de solidaridad entre Estados miembros. La STC 172/2020 reconoció además la singularidad de Ceuta y Melilla como fronteras exteriores terrestres de la Unión.
España conserva la responsabilidad principal sobre su frontera, pero Europa no puede financiar programas de cooperación migratoria con Marruecos y limitarse a observar cuando esa cooperación falla.
Después del auto de la Audiencia Nacional, ya no necesitamos solamente conocer qué pasó.
Necesitamos conocer quién lo promovió, quién lo planificó, quién lo dirigió, qué sabía España y qué decisiones tomó el Gobierno con la información de que disponía.
La investigación judicial tendrá que determinar responsabilidades penales si las hubiera.
Mi denuncia es otra: la responsabilidad política.
Las leyes determinan quién informa, quién coordina, quién dirige y quién decide.
Por eso, antes de desacreditar a nuestros servicios por aquello que no pudieron prever, debemos conocer qué hicieron los responsables políticos con aquello que sí conocían.
La inteligencia informa. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúan. La Justicia investiga. Y el Gobierno gobierna.
Y después de que una jueza de la Audiencia Nacional considere necesario investigar si España sufrió un grave ataque contra su integridad territorial, la responsabilidad política no puede terminar abajo. Tiene que empezar arriba.
Miguel Ángel Pedrosa Ruiz
Secretario General de TÚ ELIGES
