Cuando los derechos humanos se convierten en propaganda electoral

(Artículo de opinión. Amparado por el derecho a la libertad de expresión del art. 20 de la Constitución Española.)

Durante años, Podemos defendió la regularización de inmigrantes en situación irregular con un discurso que muchos ciudadanos podían compartir:
que nadie debe ser invisible, que toda persona merece dignidad y que regularizar significa sacar a miles de personas de la explotación laboral y de la economía sumergida.

Ese planteamiento se apoyaba en valores universales: derechos humanos, integración y justicia social.
No era un discurso partidista, sino un argumento ético que podía unir a personas de distintas ideologías.

Sin embargo, las últimas intervenciones públicas de sus principales dirigentes han transformado ese mensaje en algo muy distinto.

Del lenguaje humanitario al lenguaje de confrontación

En recientes actos políticos, dirigentes como Ione Belarra e Irene Montero han utilizado expresiones como:

• que guardaban “las lágrimas de la derecha y los fascistas en un frasco” por la regularización,
• que con más regularizaciones habría “menos fachas”,
• que cuando las personas migrantes estén regularizadas “se acabará la derecha y la ultraderecha”,
• y que lo que realmente preocupa a sus adversarios es que esas personas puedan convertirse en votantes.

Estas palabras no son anecdóticas.
Forman parte de un mensaje político coherente: la regularización ya no se presenta solo como una medida de justicia social, sino como una herramienta para ganar una batalla ideológica.

El discurso ha pasado de:

“regularizamos para dar derechos”

a:

“regularizamos y eso nos ayudará a derrotar políticamente a otros”.

Ese cambio no es menor.
Es un cambio moral.

Cuando una causa justa se convierte en estrategia electoral

Defender la dignidad humana es una obligación ética.
Pero utilizar esa dignidad como argumento para humillar al adversario político y celebrar futuras ventajas electorales es otra cosa muy distinta.

El problema no es la regularización.
El problema es el uso que se hace del lenguaje.

Cuando se afirma públicamente que:

• más inmigrantes significan menos adversarios políticos,
• y que la regularización tendrá efectos en el voto,

se está enviando un mensaje peligroso:
que las personas migrantes son un medio para un fin político.

Desde ese momento, dejan de ser vistas principalmente como personas con derechos y pasan a ser presentadas como un bloque electoral útil.

Eso es instrumentalización política de un colectivo vulnerable.

Los derechos humanos no pueden ser una herramienta de partido

Los derechos humanos son universales.
No dependen de a quién vote una persona.
No deberían usarse para reforzar un proyecto partidista frente a otro.

Cuando una formación política vincula la regularización con la derrota de “fachas” o “fascistas”, introduce una lógica de guerra política en un asunto que debería tratarse con responsabilidad, humanidad y consenso social.

El resultado es una perversión del propio discurso humanitario:

• los derechos dejan de ser derechos,
• y se convierten en propaganda.

Consecuencias sociales de este tipo de discurso

Este enfoque tiene efectos muy negativos para la convivencia:

1. Divide a la sociedad en bandos irreconciliables, usando a las personas migrantes como símbolo de victoria contra el adversario.
2. Refuerza los discursos extremos, al confirmar la idea de que la inmigración se gestiona con fines electorales.
3. Reduce a personas reales a cifras políticas, olvidando que detrás hay historias de huida, pobreza, trabajo duro y supervivencia.
4. Desprestigia la causa de los derechos humanos, al asociarla con provocaciones y consignas ideológicas.

Las personas migrantes no son un eslogan.
No son una consigna de campaña.
No son un arma arrojadiza contra nadie.

Son seres humanos.

De la dignidad a la utilización política

Defender la regularización por razones humanitarias es legítimo.
Pero celebrarla como una forma de ganar elecciones o derrotar ideologías es convertir una política social en una herramienta partidista.

Cuando se habla de:

“más inmigrantes, menos fachas”

no se está defendiendo la integración.
Se está usando a personas vulnerables como argumento político.

Eso no dignifica.
Eso instrumentaliza.

Libertad de expresión y crítica política (art. 20 CE)

Este análisis se realiza al amparo del artículo 20 de la Constitución Española, que protege el derecho a expresar libremente opiniones y críticas sobre la actuación de responsables públicos en asuntos de interés general.

La inmigración y la regularización son cuestiones de máximo interés social.
La crítica al modo en que se comunican estas políticas es legítima en una democracia.

No se cuestiona aquí la necesidad de proteger derechos humanos, sino el uso partidista de esos derechos en el discurso político.

Conclusión

No se puede defender la dignidad humana utilizando un lenguaje de desprecio hacia el adversario.
No se puede hablar de derechos universales mientras se presenta a un colectivo vulnerable como instrumento para obtener ventaja electoral.

Quien realmente cree en los derechos humanos:

• no los convierte en propaganda,
• no los utiliza para dividir,
• no los transforma en munición ideológica.

La inmigración merece un debate serio, respetuoso y humano.
No frases provocadoras sobre frascos de lágrimas.
No consignas de “más inmigrantes, menos fachas”.
No celebraciones partidistas sobre futuros votos.

Porque cuando se juega con la dignidad de las personas para ganar poder político, lo que se pierde no es solo coherencia:
se pierde humanidad.

Miguel Ángel Pedrosa Ruiz

Secretario General del partido político TÚ ELIGES