Carlos Blázquez asegura que no existe motivo para temer la planta y recuerda que todos los informes están publicados. Es cierto. Pero esos mismos documentos hablan de Salud Pública, calidad del aire, emisiones, olores, población vulnerable, vigilancia ambiental y posibles impactos que deberán controlarse incluso después de que la instalación comience a funcionar. No dicen que la planta vaya a perjudicar a los vecinos, pero tampoco describen una actividad inocua ni certifican un «riesgo cero». Y detrás de los informes existe una historia política que tampoco debería olvidarse.
La planta de biorresiduos de Colmenar Viejo ya está en obras. Tendrá capacidad para tratar hasta 75.000 toneladas al año y producir biogás y biometano. El Ayuntamiento afirma que no recibirá purines ni restos de animales, que no tendrá balsas abiertas y que utilizará circuitos cerrados y recintos estancos para evitar olores.
En una reciente entrevista, el alcalde, Carlos Blázquez, volvió a defender el proyecto, denunció la difusión de información que considera manipulada para generar miedo e insistió en que los vecinos pueden consultar todos los informes publicados.
Precisamente por eso los hemos leído.
Y la conclusión es bastante más compleja que un simple «no hay ningún peligro».
Publicar los informes no es explicar lo que dicen
El Ayuntamiento merece que se reconozca que ha hecho pública una abundante documentación. Pero enviar al ciudadano a decenas de informes ambientales, sanitarios, urbanísticos y jurídicos no equivale a explicárselos.
Sería parecido a decirle que, si quiere saber cómo están las cuentas municipales, se lea íntegramente los presupuestos del Ayuntamiento.
Puede hacerlo. Pero para interpretarlos necesita tiempo y conocimientos técnicos.
La transparencia no debería terminar cuando se publica un PDF. Debería continuar explicando, en lenguaje comprensible, qué dicen los documentos favorables, pero también qué condiciones, precauciones y controles contienen.
Y aquí aparece el primer dato esencial:
Los documentos oficiales no dicen que la planta vaya a perjudicar a los vecinos. Pero tampoco certifican que no pueda producir molestias o impactos.
La Administración considera que esos impactos pueden ser prevenidos o suficientemente minimizados mediante las medidas establecidas. Eso es muy diferente de afirmar que no existen.
Los informes hablan de bastante más que malos olores
Hasta ahora gran parte del debate público se ha concentrado en los olores. Sin embargo, el expediente es bastante más amplio.
El Informe Técnico de Medio Ambiente del propio Ayuntamiento, de 17 de abril de 2024, considera que los impactos «pueden y deben quedar suficientemente minimizados con las medidas previstas», pero solicita expresamente:
«especial atención a minimizar el impacto de olores, de “volados”, de afección a los accesos a la planta», además del cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras de los planes de vigilancia y seguimiento ambiental.
Consultar el Informe Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 17 de abril de 2024 (PDF oficial)
Pero existe un dato todavía más relevante.
La documentación municipal recoge el pronunciamiento de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que consideró necesario integrar requisitos y recomendaciones «desde el punto de vista sanitario-ambiental» relativos a prevención y control de legionelosis, suministro de agua potable para consumo e higiene personal y, «muy especialmente», contaminación odorífera.
La resolución ambiental añade también las medidas de vigilancia y control de proliferación de plagas.
Por tanto, reducir todo este expediente a decir que «no habrá olores» simplifica demasiado lo que realmente han analizado las administraciones.
Los informes hablan de salud pública, aire, emisiones, olores, agua, plagas, ruido, suelos, seguridad y vigilancia ambiental.
Eso no significa que hayan concluido que la planta vaya a enfermar a los vecinos. No lo han hecho.
Significa algo distinto: que existen aspectos sanitario-ambientales que han requerido condiciones, prevención y seguimiento.
Un instituto aparece expresamente como «población vulnerable»
Hay otro dato que merece ser conocido por los vecinos.
El Informe de Impacto Ambiental exige que, al evaluar una posible afección por contaminación odorífera, se tengan en cuenta todos los núcleos receptores del entorno y presta especial consideración al IES Ángel Corella, al que identifica como el establecimiento público con «población vulnerable» más cercano al emplazamiento.
El Programa de Vigilancia Ambiental debe además incorporar indicadores y medidas de protección sobre «receptores sensibles», incluyendo centros escolares, centros médico-asistenciales, centros de mayores y otros establecimientos con población especialmente sensible.
Esto tampoco significa que los alumnos del instituto vayan a sufrir un daño.
Significa que la propia evaluación ambiental considera necesario tener especialmente en cuenta a esa población al controlar los efectos de la instalación.
Ese matiz debería formar parte de cualquier campaña municipal que pretenda explicar el proyecto con transparencia.
Emisiones, calidad del aire y controles después de abrir la planta
La resolución ambiental va todavía más lejos.
Cataloga el conjunto de la instalación como «foco de emisión difusa» a efectos de la normativa de calidad del aire y protección de la atmósfera.
También exige un sistema para recoger futuros incidentes o quejas por episodios de olores y contempla que, debido a otras fuentes potenciales de emisión existentes en el entorno, puedan producirse efectos sinérgicos o acumulativos. Por ello prevé incluso evaluar un «Plan Integral de Alertas» ante episodios de contaminación odorífera asociados a quejas o denuncias de la población.
Consultar el Informe de Impacto Ambiental oficial de 12 de diciembre de 2023
Hay además una condición especialmente reveladora.
Una vez que la planta esté funcionando normalmente deberá realizarse un estudio específico de olores para comprobar si las mejores técnicas disponibles consiguen una eliminación apropiada de los gases susceptibles de generar contaminación por olor.
Y si el resultado demuestra que no es suficiente, deberán proponerse nuevas medidas técnicas para minimizar el impacto.
Consultar la documentación ambiental oficial que establece el estudio posterior de olores
Esto es importante porque evita una discusión estéril sobre si hoy alguien puede asegurar que habrá o no habrá molestias.
La propia Administración establece que parte de la eficacia de las medidas deberá comprobarse cuando la instalación esté funcionando.
Y el Programa de Vigilancia Ambiental contempla incluso que, si aparecieran «nuevos impactos no previstos», deberán diseñarse nuevas medidas preventivas, correctoras o compensatorias.
¿Significa que esos impactos necesariamente aparecerán? No.
Significa que la propia evaluación ambiental reconoce que la vigilancia no termina con la autorización.
Por eso presentar los informes favorables como si fueran un certificado de inocuidad absoluta resulta difícil de conciliar con el contenido técnico del propio expediente.
Entonces, ¿son favorables los informes? Sí
También hay que decirlo con la misma claridad.
El Informe de Impacto Ambiental concluyó que no era previsible que el proyecto tuviera efectos ambientales significativos que obligaran a someterlo a evaluación ambiental ordinaria, siempre dentro de las condiciones establecidas.
El informe municipal sostiene igualmente que los impactos pueden y deben quedar suficientemente minimizados mediante las medidas previstas.
Ocultar esas conclusiones sería tan incorrecto como ocultar sus condicionantes.
Pero un informe favorable no significa ausencia de impactos potenciales.
Significa que la Administración considera ambientalmente viable la actividad bajo determinadas condiciones y medidas de prevención, control y vigilancia.
Dicho de una forma sencilla:
la planta está autorizada; eso no significa que esté demostrado que sea perjudicial, pero tampoco que sea inocua o que exista un riesgo cero.
Y esa es precisamente la información que debería recibir el vecino.
75.000 toneladas y una cerveza en Europa
La dimensión tampoco es irrelevante.
Estamos hablando de una instalación industrial capaz de recibir y tratar hasta 75.000 toneladas anuales de biorresiduos. Habrá recepción y transporte de residuos, maquinaria, digestores, sistemas de tratamiento y circulación de vehículos.
Por eso llama la atención uno de los ejemplos utilizados por Carlos Blázquez para transmitir tranquilidad.
El alcalde relató que otro concejal le había contado que un amigo había estado tomando unas cervezas prácticamente al lado de una planta de biogás en algún lugar de Europa.
Pero desconocemos qué planta era, su capacidad, qué residuos trataba, qué tecnología utilizaba, cuáles eran sus emisiones y a qué distancia estaba aquella terraza.
Sin esos datos no existe una comparación técnica posible.
Una cerveza junto a una planta desconocida en algún lugar de Europa es una anécdota. Los informes de Colmenar Viejo son documentos oficiales.
Y son precisamente esos documentos los que deberían presidir la información pública.
Tampoco puede decirse que Colmenar haya dado un «sí» ciudadano a la planta
Aquí conviene ser muy precisos.
No existe una consulta popular ni una encuesta representativa que permita afirmar que la mayoría de los vecinos de Colmenar Viejo está en contra de la planta.
Pero tampoco existe base para presentar el proyecto como respaldado por la población.
Lo que sí está documentado es una oposición vecinal organizada, sostenida y públicamente visible en Colmenar Viejo y Tres Cantos, con manifestaciones, alegaciones, recursos y movilizaciones.
Colmenar Viejo nunca ha expresado mediante una consulta ciudadana un respaldo mayoritario a esta instalación. La declaración de interés público fue una decisión de los representantes municipales, no una decisión sometida directamente a los vecinos. Y cuando en mayo de 2025 existió la posibilidad de dejar sin efecto aquella declaración, la abstención de Begoña Sanz, concejala del PSOE, provocó un empate que Carlos Blázquez resolvió con su voto de calidad a favor de mantenerla. Todo ello mientras existía ya una oposición vecinal organizada y persistente contra el proyecto. La información publicada sobre aquella sesión confirma que la abstención dejó un empate a 12 y que el voto de calidad del alcalde terminó rechazando el recurso contra la declaración de interés público.
Existe además una circunstancia que ayuda a comprender la posición socialista. El PSOE de Colmenar Viejo se ha manifestado posteriormente contrario a esta planta concreta, pero no contrario al biogás como tecnología ni a su utilización dentro de las políticas de economía circular. La propia dirección socialista local, al justificar que no adoptaría medidas contra Begoña Sanz, señaló que la posición de la concejala estaba en línea, entre otros argumentos, con el impulso del PSOE estatal a la Ley de Economía Circular y la Hoja de Ruta del Biogás como generadora de energía verde.
Esto introduce un matiz político importante: el PSOE puede defender el biogás y la economía circular en términos generales y, al mismo tiempo, sostener que rechaza esta instalación concreta por su dimensión o ubicación. Pero también debe formar parte del relato que una concejala socialista se declaró individualmente favorable al proyecto y su abstención fue decisiva para que se produjera el empate que Carlos Blázquez resolvió con su voto de calidad.
Y al día siguiente, la dirección socialista local no solo anunció que no adoptaría medidas contra ella, sino que calificó su postura como respetable y basada en sus principios, invocando precisamente, entre otras razones, la política socialista estatal de economía circular y biogás.
Consultar la posición oficial del PSOE de Colmenar Viejo sobre la planta y el biogás
Consultar la justificación del PSOE tras la abstención de Begoña Sanz
Posteriormente, el PSOE votó junto con Vox, Ganemos y Más Madrid a favor de iniciar los procedimientos posibles para intentar dejar sin efecto la declaración de utilidad pública, mientras el PP quedó solo votando en contra. El alcalde sostuvo, apoyándose en un informe de Secretaría, que aquella moción no producía por sí misma efectos jurídicos.
Por tanto, podrá defenderse la legalidad administrativa del procedimiento y el PSOE podrá sostener que apoya el biogás pero rechaza esta instalación concreta. Lo que no puede confundirse es la declaración administrativa de «interés público» con un respaldo ciudadano expresado directamente: los vecinos de Colmenar Viejo no fueron llamados por el Ayuntamiento a decidir específicamente sobre esta planta.
Resulta especialmente controvertido, desde la perspectiva de la participación ciudadana, que una infraestructura de hasta 75.000 toneladas anuales pudiera mantener su declaración de interés público mediante la abstención individual de una concejala del PSOE y el posterior voto de calidad del alcalde, sin que los vecinos fueran consultados directamente sobre el proyecto.
La licencia tampoco cuenta toda la historia política
Carlos Blázquez ha defendido que, si un promotor solicita una licencia y cumple todos los requisitos legales, el Ayuntamiento tiene que concederla. Al otorgarla, llegó a señalar que actuar de otra manera sin justificación legal podría constituir una resolución arbitraria.
El argumento jurídico tiene fundamento: la licencia urbanística tiene naturaleza esencialmente reglada.
Pero la historia de esta planta no empezó con la licencia.
Antes existió una decisión política fundamental: mantener su declaración de utilidad pública e interés social.
En mayo de 2025, el PP votó a favor de mantenerla. Vox había cambiado de posición. PSOE, Ganemos y Más Madrid votaron en contra, salvo una concejala socialista:
Begoña Sanz se abstuvo y manifestó estar individualmente a favor del proyecto.
El resultado quedó empatado a doce.
Y fue el voto de calidad de Carlos Blázquez el que permitió mantener la declaración.
La abstención socialista fue, por tanto, matemáticamente decisiva.
Al día siguiente, la dirección local del PSOE anunció que no tomaría ninguna medida contra Begoña Sanz y defendió la legitimidad de su posición individual. Como acabamos de ver, justificó además esa decisión, entre otros argumentos, por su coherencia con el impulso socialista estatal a la economía circular y la Hoja de Ruta del Biogás.
Posteriormente el PSOE se ha opuesto a la planta como grupo municipal. Eso también debe contarse.
Pero la posición posterior no modifica lo sucedido aquel día: cuando la continuidad de la declaración dependía de un voto, una concejala del PSOE se abstuvo, se produjo el empate y Carlos Blázquez lo resolvió a favor de mantenerla.
Ese episodio forma parte de la historia política de la planta y no debería desaparecer ahora que las obras ya han comenzado.
Y también hubo beneficios económicos
Existe otro dato que el Ayuntamiento hizo público con especial claridad.
En noviembre de 2025 tituló una información oficial:
«El Ayuntamiento logra beneficios de hasta 3 millones de euros al albergar la planta de biorresiduos en Colmenar Viejo».
Entre ellos anunció ingresos tributarios, calefacción para centros escolares, determinadas ventajas para los residuos del contenedor marrón, empleo local, actuaciones medioambientales, plantación de árboles y una red de medición de la calidad del aire.
Consultar el anuncio oficial sobre los beneficios de hasta 3 millones de euros
Nada de esto acredita irregularidad alguna.
Pero sí es información políticamente relevante: el Ayuntamiento negoció beneficios económicos vinculados al hecho de albergar la planta.
Los vecinos tienen derecho a conocer esos beneficios y también a decidir qué importancia les conceden frente a la ubicación, las dimensiones de la instalación y los condicionantes ambientales que recogen los informes.
Transparencia significa contarlo todo
Y volvemos así al principio.
Carlos Blázquez tiene razón en algo: los informes están publicados.
Pero la transparencia no consiste únicamente en poder encontrarlos después de navegar por decenas de documentos.
Acceder al expediente público completo de la planta de biorresiduos
Acceder al expediente municipal de la licencia de obra
Si el Ayuntamiento va a utilizar folletos y educadores ambientales para informar a los vecinos, debería explicar que existen informes favorables y también por qué esos mismos informes hablan de Salud Pública, contaminación odorífera, calidad del aire, emisiones difusas, población vulnerable, receptores sensibles, efectos acumulativos, vigilancia ambiental y medidas adicionales si las inicialmente previstas no funcionan suficientemente.
Una cosa no contradice la otra.
Precisamente eso es lo que significa una autorización ambiental condicionada.
Y también debería explicarse la historia política completa: el voto de calidad del alcalde, la abstención decisiva de Begoña Sanz, la posición general del PSOE favorable al desarrollo del biogás dentro de las políticas de economía circular, su oposición posterior a esta instalación concreta, la oposición vecinal y los beneficios económicos negociados por albergar la instalación.
Porque publicar es transparencia documental; explicar lo favorable y lo desfavorable es transparencia política.
La pregunta sigue siendo política
Después de leer los informes, no parece riguroso afirmar que esté demostrado que la planta vaya a perjudicar la salud de los vecinos.
Pero tampoco parece riguroso convertir esos mismos informes en una garantía de inocuidad.
Los documentos dicen algo bastante más preciso:
existen impactos potenciales; existen medidas para prevenirlos y minimizarlos; existen poblaciones especialmente sensibles que deberán considerarse; existen controles que continuarán cuando la planta empiece a funcionar; y existe incluso la obligación de adoptar nuevas medidas si aparecen impactos no previstos o si las inicialmente implantadas no resultan suficientes.
Eso es lo que debería saber cualquier vecino.
Y después permanece una pregunta que ningún informe técnico puede responder:
¿era conveniente instalar una planta capaz de tratar hasta 75.000 toneladas anuales de biorresiduos precisamente en esta ubicación de Colmenar Viejo?
La autorización ambiental responde a su viabilidad bajo determinadas condiciones.
La licencia permite construirla.
Pero la conveniencia de esa decisión pertenece al ámbito político.
Carlos Blázquez ha diferenciado públicamente su opinión personal de su obligación como alcalde. No corresponde especular sobre lo que piensa privadamente. Sí conocemos sus decisiones públicas: su voto de calidad permitió mantener la declaración de interés público; la Junta de Gobierno que preside concedió la licencia; el Ayuntamiento negoció beneficios vinculados a albergar la instalación y ahora quiere explicar sus características a los vecinos.
Y conocemos también la intervención política del PSOE en aquel momento decisivo: después se posicionó contra esta planta concreta, pero la abstención de su concejala Begoña Sanz permitió el empate que el alcalde resolvió a favor de mantener la declaración. La dirección socialista decidió no sancionarla y vinculó su justificación, entre otros argumentos, con la política estatal del PSOE de impulso a la economía circular y al biogás.
Los hechos no necesitan exagerarse para resultar relevantes.
Tampoco deberían minimizarse.
Si se habla de transparencia, la mejor respuesta no es decir al vecino que se lea los informes.
Es explicarle lo que contienen.
Y después dejar que sea él quien juzgue.
Miguel Ángel Pedrosa Ruiz
Secretario General del Partido Político TÚ ELIGES
