
Llegó al Gobierno prometiendo regeneración democrática y transparencia. Ocho años después, los cambios de opinión, las condenas de antiguos colaboradores y las crisis de gestión plantean una pregunta: ¿qué queda de aquellas promesas?
Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 mediante una moción de censura contra la corrupción del Partido Popular, prometiendo ejemplaridad, transparencia y una nueva forma de gobernar. Ocho años después, la hemeroteca se ha convertido en uno de los testigos más incómodos de su presidencia.
Rechazó la amnistía antes de las elecciones de 2023 y terminó defendiéndola cuando necesitó los votos independentistas para conservar el Gobierno. Sus reticencias hacia Podemos y Bildu dieron paso a acuerdos parlamentarios. Cambiar de opinión es legítimo; convertir compromisos electorales en moneda de negociación sin ofrecer explicaciones convincentes merece una crítica mucho más severa.
El 19 de noviembre, Carles Puigdemont, cuyo partido hizo posible su investidura, llegó a calificarlo en una entrevista con El Mundo de «amoral, cínico, con una ambición desmedida y capaz de vender España». Son acusaciones políticas de Puigdemont, no hechos probados, pero resulta significativo que procedan de quien contribuyó decisivamente a mantenerlo en La Moncloa.
Aquella misma noche, Alberto Núñez Feijóo utilizó esas palabras durante el cara a cara electoral. El debate puso nuevamente sobre la mesa los casos de corrupción, Ceuta, los accidentes ferroviarios, la vivienda y el encarecimiento de la vida. Sánchez defendió su gestión y reconoció errores, pero las disculpas no sustituyen la obligación de explicar las decisiones.
La promesa de regeneración democrática resulta especialmente difícil de conciliar con las condenas del Tribunal Supremo a José Luis Ábalos y Koldo García, antiguo ministro y exasesor, por delitos relacionados con la contratación de mascarillas. A ellas se suman las investigaciones sobre Santos Cerdán y Leire Díez, la condena recurrida del exfiscal general Álvaro García Ortiz y los procedimientos que afectan al hermano y a la esposa del presidente, David Sánchez y Begoña Gómez, con situaciones judiciales diferentes.
Una investigación no equivale a una condena, ni la responsabilidad penal se transmite al presidente. Pero ¿qué responsabilidad política asume quien nombró y confió en algunos de estos colaboradores? ¿Dónde estaban los controles que prometía reforzar? La ejemplaridad no puede exigirse únicamente cuando los investigados pertenecen al partido contrario.
Ceuta representa otra de las contradicciones más graves entre la comunicación del Gobierno y la realidad. Tras la crisis fronteriza de 2021, los días 30 y 31 de julio de 2026 se produjo una nueva entrada masiva de personas desde Marruecos. Las estimaciones oficiales y públicas oscilaron entre 80.000 y 100.000 entradas. Marlaska afirmó que la situación se había revertido prácticamente en 24 horas y Óscar Puente celebró que Sánchez había resuelto otra crisis. Sin embargo, el 25 de agosto el Gobierno tuvo que declarar una situación de interés para la seguridad nacional y establecer una coordinación extraordinaria.
¿Cómo podía estar resuelta una crisis que casi cuatro semanas después exigía medidas excepcionales? A las contradicciones sobre las cifras se añadieron las discrepancias sobre los avisos del CNI y la dimisión del jefe de gabinete del delegado del Gobierno. Mientras tanto, Sánchez disfrutaba de sus vacaciones en Lanzarote y publicaba recomendaciones musicales y literarias. Descansar es legítimo, pero cuando el propio presidente habla de una amenaza a la integridad territorial, los ciudadanos tienen derecho a exigir una respuesta institucional acorde con sus palabras.
Canarias también ha soportado años de presión migratoria y dificultades de acogida que exigen algo más que medidas de emergencia. La protección de las fronteras, la atención humanitaria y la coordinación administrativa no pueden depender de la improvisación.
Las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda, con 46 y 69 fallecidos respectivamente según las cifras recogidas en este artículo, volvieron a plantear preguntas sobre prevención, mantenimiento y responsabilidad institucional. Óscar Puente dimitió como ministro de Transportes. Las causas de los accidentes deben determinarse mediante las investigaciones correspondientes, pero el Gobierno debe explicar cómo funcionaban los controles de seguridad.
También resultó controvertida la ausencia de Sánchez en el funeral oficial religioso de Toledo por las víctimas de Urda, al que asistieron los Reyes. El presidente ha participado en otros actos religiosos, incluida una misa del papa. No se trataba de acudir como creyente, sino de representar institucionalmente a todos los españoles y acompañar a las familias.
Y mientras se suceden las controversias, los ciudadanos siguen pagando las consecuencias del encarecimiento de la vida. El Gobierno acaba de aprobar una subida del salario mínimo para 2027 hasta 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas y un incremento del 4,5 % para los empleados públicos. Son mejoras nominales, pero los trabajadores no viven de porcentajes anunciados desde La Moncloa: pagan alquiler o hipoteca, alimentación, electricidad, calefacción, transporte, seguros y gastos familiares.
Las verificaciones posteriores al debate electoral señalaron que los alimentos y bebidas no alcohólicas se habían encarecido un 42,8 % desde junio de 2018, frente al 28,6 % del IPC general. Además, el 36,4 % de la población no podía afrontar gastos imprevistos, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del INE.
La vivienda resume buena parte de la distancia entre los anuncios y los resultados. Sánchez afirmó durante el debate que se había construido un millón de viviendas bajo su presidencia. RTVE y EFE Verifica cuestionaron esa formulación y contabilizaron 719.602 viviendas incorporadas al mercado en el período examinado. Una vivienda anunciada, iniciada o prometida no es una vivienda disponible para una familia.
Tampoco puede presumirse de estabilidad cuando España continúa sin nuevos Presupuestos Generales del Estado aprobados desde los correspondientes a 2023. Permanecer en el poder no equivale necesariamente a gobernar con eficacia.
El desgaste empieza a reflejarse en las encuestas. El promedio de RTVE del 16 de noviembre estimaba 193 diputados para PP y Vox, por encima de la mayoría absoluta. No es un resultado electoral, pero sí una señal de que una parte importante de los españoles contempla una alternativa de Gobierno.
Pedro Sánchez puede reivindicar avances en empleo y políticas sociales. Pero esos resultados no borran las promesas incumplidas o modificadas, las condenas de antiguos colaboradores, las crisis gestionadas entre mensajes contradictorios ni las dificultades cotidianas de millones de familias.
La regeneración democrática no consiste en exigir responsabilidades únicamente al adversario. La transparencia no consiste en seleccionar las cifras más favorables. Y el respeto a los ciudadanos no se demuestra mediante discursos: se demuestra ofreciendo explicaciones y asumiendo responsabilidades políticas.
Después de ocho años, España necesita menos propaganda y más rendición de cuentas.
Y mientras Pedro Sánchez continúa marcándose sus pasos de baile en los mítines, quizá convendría recordarle que gobernar no consiste en dominar la coreografía electoral. La música termina, los aplausos se apagan y las urnas se abren. Pero la hemeroteca, por mucho que baile el presidente, nunca pierde el compás.
Miguel Ángel Pedrosa Ruiz
Graduado en Derecho, consultor empresarial y asesor jurídico. Empresario del sector tecnológico, con experiencia en gestión empresarial y administración de sociedades, analista político, Exconcejal del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, Secretario General de TÚ ELIGES.
