El Gobierno afirma, ahora, que actuará "en defensa de los intereses de España" en el proceso que afecta al juez Llarena

La presión de los jueces y el eco de los medios de comunicación, así como la opinión pública, obliga al ejecutivo a amparar al Juez Pablo Llarena, era de justicia.

Por medio de un bufete privado belga, el Gobierno asumirá finalmente la defensa jurídica del juez Pablo Llarena en la demanda que ha interpuesto contra él en Bélgica el expresidente catalán, y fugado de la justicia, Carles Puigdemont.

La demanda civil contra Llarena, según hemos podido leer en los medios, tiene una notable carga política. Pone en duda la imparcialidad del magistrado y contiene afirmaciones tan gruesas como que España está “al lado de Kazajistán entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales".

Como ya anunciaba en mi anterior artículo, el Estado estaba obligado a defender su jurisdicción y ha de pagar los servicios jurídicos que proporcione la Abogacía del Estado a Llarena.

Algún día sabremos que se escondía detrás de la primera decisión del Gobierno de no defender la justicia española ante un tribunal belga, pues ahora parece ser que sus socios de Gobierno, los de Podemos, están enfadados con el giro que ha tomado Pedro Sanchez ante esta situación.

Los que denunciamos este atropello y dejadez de funciones del gobierno teníamos razón y la razón, tarde o temprano, siempre vence.

Miguel Pedrosa