Carles Puigdemont, un prófugo de la justicia española, denunció la forma en que el juez Pablo Llarena está realizado la investigación asegurando que: “vulnera nuestro derecho a un juez imparcial e independiente, a un procedimiento judicial equitativo y a la presunción de inocencia”

Esto sí que es un fragante escándalo, tras la demanda presentada en Bélgica por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus exconsejeros prófugos de la Justicia española. contra el juez instructor Pablo Llarena, el Gobierno dice que no les corresponde dar amparo al juez Llarena y que es un problema del Consejo General del Poder Judicial.

Esta decisión del Gobierno la ha tomado, a pesar del informe de la Dirección del Servicio Jurídico de la Abogacía General del Estado, que recomienda justo lo contrario de lo que hará el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Parece ser que no les interesa la defensa del juez, como es el caso, ya que quienes le están demandando son los representantes de los independentistas catalanes, prófugos de la justicia, y con ello, parece ser que intentan conseguir que la justicia belga se pronuncie en contra de la decisión de la justicia española y puedan dejar libres a todos los independentistas juzgados y huidos y así llegar a una armonía entre el gobierno de Pedro Sanchez y el Gobierno de Cataluña.

Es falso que el ejecutivo no defienda a funcionarios en el extranjero a través de la abogacía del Estado, pues existe un convenio firmado en 2010entre la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, y el Poder Judicial que establece ese mecanismo de defensa, como el que tienen todos los funcionarios ante acusaciones que la Abogacía considera infundadas. Ha sido aplicado en varias ocasiones, en contra de lo afirmado por Calvo.

A mi entender, esto ya no es sólo un intento negociar una salida aireada con los independentistas que se saltan la Constitución constantemente, sino que además es una dejadez de funciones por parte del ejecutivo.

Todas las asociaciones, salvo Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, piden la personación "inmediata" para "defender a la justicia española en su conjunto", esa petición la firman todas las asociaciones salvo Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que mira tú por donde, es a la que parece que pertenece la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ¿será casualidad?

Todo mi apoyo a la justicia española y basta ya de injerencias por parte de los gobiernos de turno.

Quien se salta la Ley, sea quien sea, debe ser juzgado pues eso nos lo aplican a todos los españolitos de a pie, la Ley es igual para todos y todos debemos respetarla, pues, si no, no estaríamos en un estado democrático.

Para que exista una democracia es indispensable que haya primero un Estado pleno de Derecho, es decir, que todos los habitantes de un país estén sometidos incondicionalmente a lo que dicta la ley.

De esta manera, no puede haber democracia sin Estado de Derecho, ni puede alcanzarse un Estado de Derecho sin democracia.

Miguel Pedrosa