El pasado sábado pude ver, asombrado, que se convocó una manifestación por las calles del pueblo en contra de la nueva ampliación del vertedero.
La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, nos informa que, para solucionar el problema con Cataluña, de forma política, sería mejor que no hubiera presos.
Por otro lado, su compañero, el ministro Josep Borrell, afirmaba en una reciente entrevista que, en su opinión, los políticos catalanes, que serán juzgados por sedición y rebelión, deberían estar “libres condicionalmente”.
Y mientras tanto, el señor Sanchez, se mantiene callado al respecto y cuando le preguntan, con decir que él es el presidente y no puede hablar de esto, da por zanjado el asunto.
Esto, para mí, es una forma de enviar mensajes a la Fiscalía para ver si pueden hacer mella en el asunto y de alguna forma conseguir que se anulen algunas acusaciones a estos golpistas catalanes.
Si cualquier ciudadano nos saltamos las leyes, que no dude en que la ley caerá sobre él y cumplirá con la sanción o pena que designe la justicia, como no puede ser de otra forma.
Por tanto, a los señores del Govern se les ha aplicado la Ley por no respetar la Constitución y realizar un acto de Sublevación, ocasionando un levantamiento o rebelión de una parte del pueblo catalán, contra el Estado Español y esto es gravísimo, y por eso están en la cárcel los promotores de estas acciones ilegales y algunos otros fugados de la justicia.
A este gobierno le gustaría que nada de esto hubiera ocurrido, pero la realidad es la que es y por tanto han de admitirla y si no que no hubieran apoyado la aplicación del 155.
Vaya responsables que nos ha tocado.
Miguel Pedrosa
Cuando alguien necesita defender a su partido, Partidocracia, y no a su ideologia y mucho menos a los Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, es capaz de decir barbaridades como el ministro de exteriores, Don Josep Borrel, bueno, lo de Don permitidme que se lo quite despues de vomitar semejante atrocidad, cuando dijo que las bombas que se van a vender a Arabia Saudi, son: "armamento de precisión", guiado por láser, que "no produce efectos colaterales en el sentido de que da en el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria".
Vamos que estas bombas no van a matar a nadie que no se desee matar. Es inaudito, vender bombas a Arabia Saudi para matar a personas que ellos deseeen, pero el gobierno, no es responsable de como se utilizan despues.
Hasta el inmaculado señor Sanchez, su jefe de Gobierno, en la, mal llamada, entrevista del pasado domingo, al ser preguntado al respecto, sale por la tangente, tomandonos por imbeciles a todos los españoles, diciendo que él, una vez vendidas las bombas ya no es responsable para que se utilicen...
El coste humano del conflicto en Yemen, bombardeado por Arabia Saudi, como denuncia Amnistia Internacional es el siguiente:
Más de 15.000 víctimas mortales y personas heridas, y una crisis humanitaria que crece vertiginosamente.
3 millones de personas obligadas a huir de sus hogares a causa de los combates.
22,2 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria de subsistencia: comida, agua, refugio, combustible y saneamiento
Y 2,5 millones de niños y niñas sin escolarizar.
Ya sabemos que los distintos gobiernos de España y demas paises europeos, adermas de EEUU y otros aliados, llevan años vendiendo armas a dictadores para que maten a sus detractores por intereses puramente economios. Pero el iluminado, señor Sanchez, con tal de salvar unos pocos puestos de trabajo en España, anuncia en publico que no se van a vender bombas a Arabia Saudi y, como a raiz de esto, los Arabes cancelan un contrato para la fabricacion de cinco Corbetas, que son tambien para la guerra, da visto bueno a la venta de esas bombas intelligentes.
Por favor, señor Sanchez, antes de salir a anunicar nada a la ciudadania, sientensen, reunanse, deliberen, estudien los pros y contras de sus decisiones y despues salgan a dar la noticia que mejor les parezca para ganar votos pero por favor, no digan barbaridades y no jueguen con los sentimientos de las personas y mucho menos con la vida de inocentes.
Ya ha conseguido que se mantengan esos puestos de trabajo, lo cual me alegro por los trabajadores perjudicados, pero a un coste elevadisimo.
Miguel Pedrosa
La formación de Pablo Iglesias, Podemos, pedía aumentar el IRPF a las rentas de más de 60.000 euros anuales, una buena propuesta para recaudar más dinero de los que más cobran, pero esa idea fue rechazada de plano por el Gobierno. Pero el Gobierno de Sanchez, a través del Ministerio de Hacienda, en una reunión con representantes de Podemos, parece ser que han acordado que la subida impositiva sea para las rentas superiores a 150.000 euros.
Los socialistas ya propusieron en la oposición subir el tipo impositivo de las rentas altas del 45% actual al 52%.
Subir del 45% que se cobra ahora al 52% que propone el PSOE a las rentas superiores a 60.000 euros al año, supondría 4.200,00 euros más de ingresos por renta a las arcas públicas, que multiplicado por una media de dos millones de trabajadores que pueden estar cobrando ese salario, y algunos mucho más, supondría unos ingresos anuales de unos 8.400 millones más al año de lo que se ingresa ahora, cifra nada despreciable para soportar el gasto público.
Pero ¿Por qué no quieren coger la línea de los 60.000 euros? ¿Quiénes están dentro de esa franja, además de los trabajadores ejecutivos de los sectores privados? Pues parece ser que la mayoría de los Diputados, Senadores, Cargos de Confianza, algunos alcaldes y concejales de grandes y medianas ciudades, Representantes y Ejecutivos Sindicalistas, representantes de la Patronal y demás cargos de la alta dirección de la administracion pública. Subirse a sí mismos los impuestos seria tirarse piedras sobre su propio tejado.
Con la explicación de quienes pueden cobrar esas cifras salariales al año, se puede llegar a entender porque se ha convencido Podemos y se ha alejado de su propuesta inicial de los 60.000 euros.
Es obvio que nos quieran vender la idea, según la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su jefe Pedro Sanchez, de que, subiendo el IRPF a las rentas superiores a 150.000 euros al año, "No se va a subir un céntimo de euro a la clase media y trabajadora".
Jajajaja… Muy buen intento señor Sanchez, pero ustedes saben muy bien que los que cobran una nómina de más de 60.000 euros al año no somos los empleados de la clase trabajadora, ni la mayoría de la clase media, ni los pensionistas, ni las viudas, ni los parados, ni mucho menos los jóvenes, son ustedes mismos y todos aquellos a los que colocan en puestos de alta dirección y asesores, además de todos los cargos públicos anteriormente citados.
Según el gráfico del INE, se ve muy claro cuánto cobra la clase trabajadora y la mayoría de la clase media en este país. La ganancia media anual por trabajador fue de 23.106,30 euros en 2015 y aplicando un poco de lógica, en el 2018 no se aleja mucho de esa cifra.
Eso sí, una cosa es la media y otra la mediana. El salario mediano por trabajador, bastante más representativo que el salario medio, fue de solo 19.466,49 euros.
Miguel Pedrosa
![La ministra de Justicia, Dolores Delgado. (EFE)]({"default":{"load":"default","w":"80","h":"45","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBMD7Lc.img?h=450&w=799&m=6&q=60&o=f&l=f&x=764&y=404"},"size3column":{"load":"default","w":"62","h":"35","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBMD7Lc.img?h=351&w=624&m=6&q=60&o=f&l=f&x=764&y=404"},"size2column":{"load":"default","w":"62","h":"35","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBMD7Lc.img?h=351&w=624&m=6&q=60&o=f&l=f&x=764&y=404"}})
© EFE La ministra de Justicia, Dolores Delgado. (EFE) La tensión acumulada desde la pasada semana en el Ministerio de Justicia a cuenta del viraje en el criterio sobre la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena estalló este martes en una tormenta contra los servicios jurídicos del Estado. El malestar de la ministra Dolores Delgado por la publicación, en distintos medios de comunicación, de los informes de la Abogacía en los que se apoyaba representar al magistrado ante la demanda de Carles Puigdemont desembocó en una tremenda bronca en la que sobrevoló la amenaza de ceses, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.
En el cambio de criterio en fascículos del Ejecutivo respecto a la acción civil del 'expresident', escenificado en cuatro días, fue fundamental el conocimiento público de la existencia de estos dos escritos. En ellos, tanto la abogada general —nombrada hace dos meses tras el cambio de manos del Gobierno— como el área contencioso-administrativa apoyaban sin fisuras la necesidad de contratar a un letrado belga para defender al juez. Fuentes de Justicia admiten un enorme malestar y preocupación por la difusión de estos "documentos de trabajo" y sospechan que fueron trasladados a los medios con la intención específica de frustrar los planes iniciales en lo que ya se ha convertido en el caso Llarena.
La aparición en prensa de estos informes dejó en evidencia que la decisión de Delgado era personal y contraria a las recomendaciones de sus propios expertos. De hecho, en una entrevista concedida a 'Las mañanas' de RNE este lunes, la ministra fue preguntada por esta cuestión. Ya entonces calificó el criterio de los abogados del Estado como un "borrador de trabajo". "No ha habido un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia, sino que se ha realizado un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien", indicó.
Llegó a referirse en concreto a la publicación de los escritos. "Se han publicado determinadas informaciones, no se sabe si interesadas o intoxicadas, en las que se manejaba documentación que no eran informes definitivos", dijo, y defendió que el doble criterio de la Abogacía no era más que una alternativa de trabajo entre otras muchas. Los servicios jurídicos solo redactaron esos dos dictámenes: no se emitió ninguno más. La abogada general ha estado de vacaciones durante el mes de agosto, por lo que no estaba presente cuando se redactó el segundo de ellos y ha sido una de las más molestas por la 'filtración' de los papeles internos del ministerio.
Esas palabras traslucían ya un malestar que comenzó a crecer el lunes y explotó el martes. La sospecha sobre quién pudo filtrar los textos provocó que se llegara a amenazar con la expulsión de personas del departamento de contencioso. La ha sido una de las más molestas por la 'filtración' de los papeles internos del Ministerio. La tensión inicial no ha provocado, no obstante, despidos. Los ánimos se fueron calmando durante el transcurso de la jornada y la tremenda bronca no tuvo al final más consecuencias, aseguran las fuentes consultadas.
Los informes de la discordia
Los informes de la discordia eran dos. En ellos, tras examinar todas las circunstancias del caso, se concluía que personarse en nombre de Pablo Llarena no solo era obligatorio en aplicación del convenio de colaboración suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, en el año 2010, sino también necesario por la importancia del asunto: estaban en juego nada menos que la inmunidad de jurisdicción y la soberanía española. Las conclusiones apuntaban que las declaraciones privadas del juez no podían separarse de su labor instructora.
El primer informe, del pasado 31 de julio, figura firmado por la abogada general, Consuelo Castro, mientras que el segundo se elaboró tras el amparo que reclamaba el Poder Judicial y está fechado el 17 de agosto. Antes de comunicar el criterio a la ministra, el jueves pasado por la mañana, se celebró una reunión técnica en la que participaron cargos políticos del ministerio, como el nuevo secretario general, Antonio Viejo, antes juez decano de Madrid, la persona que decidió rechazar la citación a Llarena. Estaba aún ausente la abogada general.
Los presentes decidieron trasladar a Delgado la necesidad de defender al juez pero, pese a todo, la ministra decidió que iba a hacerse todo lo contrario a lo que proponía su propio personal. No quería personarse en ninguno de los casos, ni siquiera en defensa del Estado, aunque acabó cediendo aconsejada por los más cercanos, aceptando una personación en Bélgica en nombre del Reino de España pero no del magistrado. Lo reflejó sin dejar lugar a la duda en un comunicado de prensa en que se aseguraba: "La demanda presentada en Bruselas incluye referencias a expresiones y manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función".
Con la carrera judicial y fiscal levantada en armas ante el desamparo al magistrado que instruye la causa del 'procés', Pedro Sánchez rectificó la deriva. Su decisión, reflejada en un comunicado de prensa que difundió Moncloa y no Justicia, dio carpetazo a la cuestión. El presidente selló la rectificación con unas contundentes declaraciones: "La defensa de Llarena no es una cuestión privada sino de Estado".
“La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida en sí misma”.John Dewey. 
Si hay algo que iguala a las personas, al margen de cualquier otra consideración, es la educación. La mera gestión pública o privada de un centro educativo, o la orientación religiosa de su ideario, no son, ni deben ser, el centro de la discusión. La clave de todo sistema educativo debe centrarse en que, al margen de toda valoración material, sea de la máxima calidad para todo el conjunto de la población, sin que nadie y, menos por razones económicas, pueda verse excluido de ella.
De igual forma, la educación recibida, expresada en su realización profesional, debe ser puesta al servicio de la sociedad, y no sólo utilizada para beneficio propio.
La educación no puede ser una programación social, un condicionamiento y menos aún un adoctrinamiento. La desaparición de las humanidades, los recortes en los años curriculares o el abandono de la cultura clásica, no son sino el comienzo de estudios meramente técnicos, orientados a un mercado que reduce la persona a una mera pieza de producción, a un intercambio de trabajo por salarios reducidos, que convierten a aquella en un mero consumidor eficiente dentro de un sistema cerrado. El tiempo, tampoco puede ser obstáculo para el acceso a la educación. El mercado rechaza la edad, excepto si el sistema económico se ve en peligro, y reduce el tiempo de formación a una temprana edad, el resto es reciclaje.
La palabra de moda que se emplea en términos de educación es “excelencia”. Un término vacío de contenido que sirve para no decir nada y se confunde con rankings y otros grados de medición, que presumen de un alto nivel de éxito profesional, cuando quien estudia en ciertos centros no consigue un puesto por haberlo hecho en él, sino por estar ya colocado antes de empezar a estudiar.
La educación es el único valor real del que dispone una sociedad para igualarse, desarrollarse y prosperar; por eso, debe defenderse libre de cualquier intromisión interesada.
Rubén López
El Gobierno afirma, ahora, que actuará "en defensa de los intereses de España" en el proceso que afecta al juez Llarena
La presión de los jueces y el eco de los medios de comunicación, así como la opinión pública, obliga al ejecutivo a amparar al Juez Pablo Llarena, era de justicia.
Por medio de un bufete privado belga, el Gobierno asumirá finalmente la defensa jurídica del juez Pablo Llarena en la demanda que ha interpuesto contra él en Bélgica el expresidente catalán, y fugado de la justicia, Carles Puigdemont.
La demanda civil contra Llarena, según hemos podido leer en los medios, tiene una notable carga política. Pone en duda la imparcialidad del magistrado y contiene afirmaciones tan gruesas como que España está “al lado de Kazajistán entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales".
Como ya anunciaba en mi anterior artículo, el Estado estaba obligado a defender su jurisdicción y ha de pagar los servicios jurídicos que proporcione la Abogacía del Estado a Llarena.
Algún día sabremos que se escondía detrás de la primera decisión del Gobierno de no defender la justicia española ante un tribunal belga, pues ahora parece ser que sus socios de Gobierno, los de Podemos, están enfadados con el giro que ha tomado Pedro Sanchez ante esta situación.
Los que denunciamos este atropello y dejadez de funciones del gobierno teníamos razón y la razón, tarde o temprano, siempre vence.
Miguel Pedrosa
Carles Puigdemont, un prófugo de la justicia española, denunció la forma en que el juez Pablo Llarena está realizado la investigación asegurando que: “vulnera nuestro derecho a un juez imparcial e independiente, a un
procedimiento judicial equitativo y a la presunción de inocencia”
Esto sí que es un fragante escándalo, tras la demanda presentada en Bélgica por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus exconsejeros prófugos de la Justicia española. contra el juez instructor Pablo Llarena, el Gobierno dice que no les corresponde dar amparo al juez Llarena y que es un problema del Consejo General del Poder Judicial.
Esta decisión del Gobierno la ha tomado, a pesar del informe de la Dirección del Servicio Jurídico de la Abogacía General del Estado, que recomienda justo lo contrario de lo que hará el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Parece ser que no les interesa la defensa del juez, como es el caso, ya que quienes le están demandando son los representantes de los independentistas catalanes, prófugos de la justicia, y con ello, parece ser que intentan conseguir que la justicia belga se pronuncie en contra de la decisión de la justicia española y puedan dejar libres a todos los independentistas juzgados y huidos y así llegar a una armonía entre el gobierno de Pedro Sanchez y el Gobierno de Cataluña.
Es falso que el ejecutivo no defienda a funcionarios en el extranjero a través de la abogacía del Estado, pues existe un convenio firmado en 2010entre la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, y el Poder Judicial que establece ese mecanismo de defensa, como el que tienen todos los funcionarios ante acusaciones que la Abogacía considera infundadas. Ha sido aplicado en varias ocasiones, en contra de lo afirmado por Calvo.
A mi entender, esto ya no es sólo un intento negociar una salida aireada con los independentistas que se saltan la Constitución constantemente, sino que además es una dejadez de funciones por parte del ejecutivo.
Todas las asociaciones, salvo Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, piden la personación "inmediata" para "defender a la justicia española en su conjunto", esa petición la firman todas las asociaciones salvo Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que mira tú por donde, es a la que parece que pertenece la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ¿será casualidad?
Todo mi apoyo a la justicia española y basta ya de injerencias por parte de los gobiernos de turno.
Quien se salta la Ley, sea quien sea, debe ser juzgado pues eso nos lo aplican a todos los españolitos de a pie, la Ley es igual para todos y todos debemos respetarla, pues, si no, no estaríamos en un estado democrático.
Para que exista una democracia es indispensable que haya primero un Estado pleno de Derecho, es decir, que todos los habitantes de un país estén sometidos incondicionalmente a lo que dicta la ley.
De esta manera, no puede haber democracia sin Estado de Derecho, ni puede alcanzarse un Estado de Derecho sin democracia.
Miguel Pedrosa
Me quedo estupefacto al escuchar la propuesta del PSOE y PODEMOS para aprobar que los objetivos de estabilidad fijados para 2019-20 y 2021.
Como el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, por decisión democrática de los españoles, y puede vetar las propuestas del PSOE y PODEMOS sobre los Objetivos de Estabilidad, deciden conjuntamente, cambiar la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 15.6 donde dice:
“El acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se remitirá a las Cortes Generales acompañado de las recomendaciones y del informe a los que se refieren los apartados 4 y 5 de este artículo. En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno”
.. la quieren cambiar para quitar de la Ley al Senado de un plumazo y poder así aprobar en el Congreso lo que ellos decidan.
Ahora no basta con pasar por encima del PP, Ciudadanos o cualquier otro Grupo Político que no esté de acuerdo con sus propuestas, sino que además pasan por encima de la decisión democrática de los españoles y anulan al Senado.
Viva la Democracia de los absolutistas.
No esperemos que solucionen el problema con Cataluña, pues si actúan de esta forma, buscaran resquicios en las leyes para que se pueda celebrar un referéndum por la independencia.
Con tal de seguir el señor Sanchez en el poder, es capaz de todo, como nos esta demostrando día tras día.
Miguel Pedrosa
Se lee en todos los medios, un día si y otro también, sobre la necesidad de exhumar los restos del dictador y ahora se suma la anulación de los juicios franquistas.
Eso me parece bien, pero no es algo urgente, se puede realizar en diciembre o enero, por la via parlamentaria con su respectivo y enriquecedor debate.
Pero para el gobierno, o circo que tenemos montado en el Congreso, es más urgente tapar todas las demás necesidades sociales que tenemos en la calle utilizando este ruido populista para distraer las miradas de los ciudadanos hacia otro punto que ni te da empleo ni te saca de los apuros económicos familiares, como la necesidad de aplicar el IPC en las pensiones, las manifestaciones de los pensionistas reclamando una pensión mínima y decente para poder vivir dignamente tal y como dice la Constitución, el nivel elevado de desempleo que tiene nuestro país, los desahucios, la reforma de la Ley Hipotecaria para que de una vez por todas se apruebe la Dación en pago y libere así a miles de familias que lo están pasando francamente mal, el bajísimo salario base que tenemos en España, la falta de iniciativas para crear empleo estable y generar economía, la falta de residencias publicas para nuestros mayores y evitar que las familias tengan que apretarse el cinturón para poder pagar una residencia privada, la necesidad de centros sanitarios en Municipios y poblaciones rurales, la modernización de la educación la cual se sigue dando la formación como hace 50 años, una asignatura para educar sobre la violencia de genero para crear una sociedad nueva que respete a su prójimo y evitar gastar y gastar dinero en asociaciones que no aportan este tipo de solución futra, etc.
Hay muchas necesidades sociales muchísimo mas urgentes que exhumar a un dictador y anular juicios pues si hemos vivido así 40 años, podemos vivir uno más, pero antes es mas necesario dar un empujón a la necesidad social y familiar.
Confucio dijo que cuando el sabio señala la luna, el necio mira al dedo
Dejen de tomarnos por necios, esta sociedad ya sabe dónde mirar, basta de populismos y elaboren planes para mejorar la situación económica y social, ¡si es que saben!
Miguel Pedrosa
En 2004, se estrenó la película dirigida por Clint Eastwood. No es una obra dedicada al mundo del boxeo. Éste, sirve como mero telón de fondo de un simple alegato en defensa de la eutanasia,
dentro de un argumento que se exhibe de la mano de la presencia del no casual psicodrama. Los personajes, no están dejados al azar. La presencia del cura, representante de la moral tradicional, también lo encontramos en diferentes series, como la exitosa “V”, en la que se debate el tema del aborto. “Philadelphia”, “Acción civil” o “Thelma & Louise”, no han sido sino la antesala del nazifeminismo, la ideología de género o la elevación del mediambiente al rango legal.
Primero se dirige el mensaje a las neuronas y, años después, cuando aquel está instalado en la opinión pública, se legisla mediante partidos laboratorio.
La primera persona que recibió Pedro Sánchez en la Moncloa como presidente del Gobierno, fue a George Soros. Eso sí, lejos de las cámaras y los medios de comunicación social.
Rubén López
Los Rothschild, el clan más poderoso del ámbito banquero, financió a Napoleón, es decir, la Revolución Francesa. El mismo círculo de poder, que hizo lo propio con
Marx y la Revolución de octubre del 17. Pero lejos de ser ambos acontecimientos una revuelta de la clase popular, fue en su origen una obra masónica, cuyo propósito no fue otro que el de imponer un Nuevo Orden Mundial.
La guillotina y el terror se unieron al genocidio de La Vendée, región donde más de cien mil campesinos humildes fueron en Francia asesinados por los revolucionarios, por el solo hecho de ser cristianos. Si en territorio galo corrió la sangre, no fue comparable con el estudio recopilado en “El libro negro del comunismo”, que cifra en unos cien millones de muertos los ejecutados por Stalin, Pol Pot (quien asesinaba a su población por el crimen de usar gafas), Mao, etc.
La Revolución Francesa, no fue una obra del pasado, es el presente. La “Educación para la ciudadanía”, la eliminación de la clase de religión, la ideología de género, el matrimonio igualitario, la persecución católica, el Valle de los Caídos, la eutanasia, el aborto, la alianza de civilizaciones, etc., no son sino el corte masónico financiado por el poder real, que continua su obra de implantar un gobierno único dirigido por una “élite” que lejos de pretender liberar al pueblo llano, pretende someterlo a sus designios.
Rubén López
El 14 de julio de 1789 se inició la Revolución de los más necesitados ante la actitud del verdadero poder, los privilegiados, nobleza y clero, estos se negaron a aceptar 
reformas del sistema tributario que gravaba al pueblo llano y a la incipiente burguesía, y en menos de un mes, aquellos súbditos llamados despectivamente plebe alcanzaron la gloria. La reforma presentada en mayo en la Asamblea de Representantes de los tres Estados (Estados Generales), fueron bloqueadas por el 1er Estado (el clero) y por el 2º Estado (la nobleza), frente al 3er Estado (el pueblo, sin apenas representación y con muy escasa la naciente burguesía). El 17 de junio los pocos representantes del 3er Estado y el bajo clero se constituyeron como Asamblea Nacional, el 20 de junio se reunieron con el fin de establecer una Constitución quedando constituida el 9 de julio la Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo acuciado por el hambre y la carestía asaltó la Bastilla el 14 de julio, símbolo de la arbitrariedad monárquica, el asalto costó cerca de 100 víctimas entre los asaltantes. Ese día se inició el fin del Antiguo Régimen y el principio de la Revolución Francesa. El 26 de agosto se aprobó la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”.Se inicia también bajo el lema “Libertad, Igualdad y Fraternidad” el proceso para un incipiente Estado de Bienestar, hechos que conmocionaron a Europa y por ende al mundo.
La consecuencia tras avatares de restauraciones monárquicas en Francia y Europa se produjo a principios del siglo XX, otro estallido del pueblo por los mismos motivos, se inició la Revolución de Octubre, el contexto había cambiado, la plebe estaba constituida también por el proletariado, se inicia las mejoras laborales y sociales para todo el pueblo, ejemplo para el mundo industrial iniciado dos décadas antes. También se extirpó una dinastía como en Francia (de ella aún queda un supuesto heredero español).
En España la Revolución Francesa trajo consecuencias trágicas, el Borbón de turno, “el deseado” Fernando VII, segundo mayor genocida español, juró “La Pepa” cuando llegó al trono gracias al pueblo español, no al ejército ni a la Iglesia católica española, e igual a los otros borbones franceses huidos y hermanos de Luis XVI, el español manifiesta plenamente el gen borbónico, la felonía, reprimió a todo aquel que estaba a favor de la Libertad y la Constitución con la horca, el garrote o fusilamientos.
De nuevo el pueblo en español en una demostración de respeto mediante las urnas proclamó la II República, Alfonso XIII huyó sin abdicar y las intrigas del Borbón, la iglesia española y los militares desterrados en Canarias, entre ellos Franco a la postre el mayor genocida español, se sublevaron contra el Estado de derecho, aportando Alfonso XIII un millón de pesetas de 1936 (hoy serían aprox. 1.400 M€), y con la ayuda alemana e italiana tomó el poder ejerciendo un sangriento gobierno de 39 años llegando ejecutar a 5 luchadores por la Libertad 23 días antes de su óbito, pero tenía “atada y bien atada” la sucesión con el retorno borbónico a España por el nieto del destronado, lo trajo a España y puso bajo su tutela educativa en 1948. Dos días después de su muerte el 20 de noviembre de 1975, el emérito juró cumplir las Leyes Fundamentales y guardar lealtad a los Principios del Movimiento Nacional, nunca juró la Constitución de 1978 y sin atisbo de arrepentimiento de su pasado hasta la fecha, porque el “emérito” así como su hijo, nunca han condenado la dictadura franquista, ¿velada forma de asentimiento? El último de los Felipes, con más antecedentes aún, su abuelo paterno Alfonso XIII “el intrigante y golpista” (también apoyó la Dictadura de Rivera) y su abuela materna,Federica de Hannover, fue miembro de las Juventudes Hitlerianas. El VI juróla Constitución en junio del 2014, 39 años después de morir el asesino, sin mencionar la Dictadura, algo propio de los borbones, juran lo que sea con tal de reinar para continuar ejerciendo las labores propias de la dinastía, borbonear y aumentar su fortuna libre de impuestos, sin pudor, a pesar de tener miembros directos entre su familia condenados por la justicia por robar al pueblo, manteniendo los privilegios y escolta en su residencia de Suiza. Llegará la III y nos libraremos para siempre de las dos lacras que han esquilmado a pueblo español, la borbónica desde hace más de 300 años, y la eclesiástica desde los Católicos Reyes por la Bula papal de 1472 ante el matrimonio entre parientes consanguíneos, construyendo en Roma, San Pietro in Montorio en 1481, inicio de los siguientes Concordatos entre otros muchos privilegios para el clero, siempre renovado y ampliado los últimos 546 años.
Honor y Gloria al espíritu de 14 de julio de 1789 que triunfará en España
José Enrique Centén Martín
google.com/+JoséEnriqueCenténMartín
