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Miguel

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¿Por qué no quieren subir el IRPF a las rentas superiores a 60.000 euros anuales?

La formación de Pablo Iglesias, Podemos, pedía aumentar el IRPF a las rentas de más de 60.000 euros anuales, una buena propuesta para recaudar más dinero de los que más cobran, pero esa idea fue rechazada de plano por el Gobierno. Pero el Gobierno de Sanchez, a través del Ministerio de Hacienda, en una reunión con representantes de Podemos, parece ser que han acordado que la subida impositiva sea para las rentas superiores a 150.000 euros.

Los socialistas ya propusieron en la oposición subir el tipo impositivo de las rentas altas del 45% actual al 52%.

Subir del 45% que se cobra ahora al 52% que propone el PSOE a las rentas superiores a 60.000 euros al año, supondría 4.200,00 euros más de ingresos por renta a las arcas públicas, que multiplicado por una media de dos millones de trabajadores que pueden estar cobrando ese salario, y algunos mucho más, supondría unos ingresos anuales de unos 8.400 millones más al año de lo que se ingresa ahora, cifra nada despreciable para soportar el gasto público.

Pero ¿Por qué no quieren coger la línea de los 60.000 euros? ¿Quiénes están dentro de esa franja, además de los trabajadores ejecutivos de los sectores privados? Pues parece ser que la mayoría de los Diputados, Senadores, Cargos de Confianza, algunos alcaldes y concejales de grandes y medianas ciudades, Representantes y Ejecutivos Sindicalistas, representantes de la Patronal y demás cargos de la alta dirección de la administracion pública. Subirse a sí mismos los impuestos seria tirarse piedras sobre su propio tejado.

Con la explicación de quienes pueden cobrar esas cifras salariales al año, se puede llegar a entender porque se ha convencido Podemos y se ha alejado de su propuesta inicial de los 60.000 euros.

Es obvio que nos quieran vender la idea, según la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su jefe Pedro Sanchez, de que, subiendo el IRPF a las rentas superiores a 150.000 euros al año, "No se va a subir un céntimo de euro a la clase media y trabajadora". 

Jajajaja… Muy buen intento señor Sanchez, pero ustedes saben muy bien que los que cobran una nómina de más de 60.000 euros al año no somos los empleados de la clase trabajadora, ni la mayoría de la clase media, ni los pensionistas, ni las viudas, ni los parados, ni mucho menos los jóvenes, son ustedes mismos y todos aquellos a los que colocan en puestos de alta dirección y asesores, además de todos los cargos públicos anteriormente citados.

Según el gráfico del INE, se ve muy claro cuánto cobra la clase trabajadora y la mayoría de la clase media en este país. La ganancia media anual por trabajador fue de 23.106,30 euros en 2015 y aplicando un poco de lógica, en el 2018 no se aleja mucho de esa cifra.

Eso sí, una cosa es la media y otra la mediana. El salario mediano por trabajador, bastante más representativo que el salario medio, fue de solo 19.466,49 euros.    

INE                   

Miguel Pedrosa

Justicia desata una caza de brujas en la Abogacía por los informes sobre Llarena

 La ministra de Justicia, Dolores Delgado. (EFE)© EFE La ministra de Justicia, Dolores Delgado. (EFE) 
Nota de Prensa de El Confidencial

La tensión acumulada desde la pasada semana en el Ministerio de Justicia a cuenta del viraje en el criterio sobre la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena estalló este martes en una tormenta contra los servicios jurídicos del Estado. El malestar de la ministra Dolores Delgado por la publicación, en distintos medios de comunicación, de los informes de la Abogacía en los que se apoyaba representar al magistrado ante la demanda de Carles Puigdemont desembocó en una tremenda bronca en la que sobrevoló la amenaza de ceses, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

En el cambio de criterio en fascículos del Ejecutivo respecto a la acción civil del 'expresident', escenificado en cuatro días, fue fundamental el conocimiento público de la existencia de estos dos escritos. En ellos, tanto la abogada general —nombrada hace dos meses tras el cambio de manos del Gobierno— como el área contencioso-administrativa apoyaban sin fisuras la necesidad de contratar a un letrado belga para defender al juez. Fuentes de Justicia admiten un enorme malestar y preocupación por la difusión de estos "documentos de trabajo" y sospechan que fueron trasladados a los medios con la intención específica de frustrar los planes iniciales en lo que ya se ha convertido en el caso Llarena.

La aparición en prensa de estos informes dejó en evidencia que la decisión de Delgado era personal y contraria a las recomendaciones de sus propios expertos. De hecho, en una entrevista concedida a 'Las mañanas' de RNE este lunes, la ministra fue preguntada por esta cuestión. Ya entonces calificó el criterio de los abogados del Estado como un "borrador de trabajo". "No ha habido un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia, sino que se ha realizado un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien", indicó.

Llegó a referirse en concreto a la publicación de los escritos. "Se han publicado determinadas informaciones, no se sabe si interesadas o intoxicadas, en las que se manejaba documentación que no eran informes definitivos", dijo, y defendió que el doble criterio de la Abogacía no era más que una alternativa de trabajo entre otras muchas. Los servicios jurídicos solo redactaron esos dos dictámenes: no se emitió ninguno más. La abogada general ha estado de vacaciones durante el mes de agosto, por lo que no estaba presente cuando se redactó el segundo de ellos y ha sido una de las más molestas por la 'filtración' de los papeles internos del ministerio.

Esas palabras traslucían ya un malestar que comenzó a crecer el lunes y explotó el martes. La sospecha sobre quién pudo filtrar los textos provocó que se llegara a amenazar con la expulsión de personas del departamento de contencioso. La ha sido una de las más molestas por la 'filtración' de los papeles internos del Ministerio. La tensión inicial no ha provocado, no obstante, despidos. Los ánimos se fueron calmando durante el transcurso de la jornada y la tremenda bronca no tuvo al final más consecuencias, aseguran las fuentes consultadas.

Los informes de la discordia

Los informes de la discordia eran dos. En ellos, tras examinar todas las circunstancias del caso, se concluía que personarse en nombre de Pablo Llarena no solo era obligatorio en aplicación del convenio de colaboración suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, en el año 2010, sino también necesario por la importancia del asunto: estaban en juego nada menos que la inmunidad de jurisdicción y la soberanía española. Las conclusiones apuntaban que las declaraciones privadas del juez no podían separarse de su labor instructora.

El primer informe, del pasado 31 de julio, figura firmado por la abogada general, Consuelo Castro, mientras que el segundo se elaboró tras el amparo que reclamaba el Poder Judicial y está fechado el 17 de agosto. Antes de comunicar el criterio a la ministra, el jueves pasado por la mañana, se celebró una reunión técnica en la que participaron cargos políticos del ministerio, como el nuevo secretario general, Antonio Viejo, antes juez decano de Madrid, la persona que decidió rechazar la citación a Llarena. Estaba aún ausente la abogada general.

Los presentes decidieron trasladar a Delgado la necesidad de defender al juez pero, pese a todo, la ministra decidió que iba a hacerse todo lo contrario a lo que proponía su propio personal. No quería personarse en ninguno de los casos, ni siquiera en defensa del Estado, aunque acabó cediendo aconsejada por los más cercanos, aceptando una personación en Bélgica en nombre del Reino de España pero no del magistrado. Lo reflejó sin dejar lugar a la duda en un comunicado de prensa en que se aseguraba: "La demanda presentada en Bruselas incluye referencias a expresiones y manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función".

Con la carrera judicial y fiscal levantada en armas ante el desamparo al magistrado que instruye la causa del 'procés', Pedro Sánchez rectificó la deriva. Su decisión, reflejada en un comunicado de prensa que difundió Moncloa y no Justicia, dio carpetazo a la cuestión. El presidente selló la rectificación con unas contundentes declaraciones: "La defensa de Llarena no es una cuestión privada sino de Estado".

Pedro Sanchez y su ejecutivo rectifica y Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española, y sus seguidores se quedan solos

sanchez

Fotografia de Xavi Puig - El Mundo Today

El Gobierno afirma, ahora, que actuará "en defensa de los intereses de España" en el proceso que afecta al juez Llarena

La presión de los jueces y el eco de los medios de comunicación, así como la opinión pública, obliga al ejecutivo a amparar al Juez Pablo Llarena, era de justicia.

Por medio de un bufete privado belga, el Gobierno asumirá finalmente la defensa jurídica del juez Pablo Llarena en la demanda que ha interpuesto contra él en Bélgica el expresidente catalán, y fugado de la justicia, Carles Puigdemont.

La demanda civil contra Llarena, según hemos podido leer en los medios, tiene una notable carga política. Pone en duda la imparcialidad del magistrado y contiene afirmaciones tan gruesas como que España está “al lado de Kazajistán entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales".

Como ya anunciaba en mi anterior artículo, el Estado estaba obligado a defender su jurisdicción y ha de pagar los servicios jurídicos que proporcione la Abogacía del Estado a Llarena.

Algún día sabremos que se escondía detrás de la primera decisión del Gobierno de no defender la justicia española ante un tribunal belga, pues ahora parece ser que sus socios de Gobierno, los de Podemos, están enfadados con el giro que ha tomado Pedro Sanchez ante esta situación.

Los que denunciamos este atropello y dejadez de funciones del gobierno teníamos razón y la razón, tarde o temprano, siempre vence.

Miguel Pedrosa

¿Es esto, una cesión más a los independentistas catalanes por parte de Pedro Sanchez?

Carles Puigdemont, un prófugo de la justicia española, denunció la forma en que el juez Pablo Llarena está realizado la investigación asegurando que: “vulnera nuestro derecho a un juez imparcial e independiente, a unPuigdemont procedimiento judicial equitativo y a la presunción de inocencia”

Esto sí que es un fragante escándalo, tras la demanda presentada en Bélgica por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus exconsejeros prófugos de la Justicia española. contra el juez instructor Pablo Llarena, el Gobierno dice que no les corresponde dar amparo al juez Llarena y que es un problema del Consejo General del Poder Judicial.

Esta decisión del Gobierno la ha tomado, a pesar del informe de la Dirección del Servicio Jurídico de la Abogacía General del Estado, que recomienda justo lo contrario de lo que hará el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Parece ser que no les interesa la defensa del juez, como es el caso, ya que quienes le están demandando son los representantes de los independentistas catalanes, prófugos de la justicia, y con ello, parece ser que intentan conseguir que la justicia belga se pronuncie en contra de la decisión de la justicia española y puedan dejar libres a todos los independentistas juzgados y huidos y así llegar a una armonía entre el gobierno de Pedro Sanchez y el Gobierno de Cataluña.

Es falso que el ejecutivo no defienda a funcionarios en el extranjero a través de la abogacía del Estado, pues existe un convenio firmado en 2010entre la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, y el Poder Judicial que establece ese mecanismo de defensa, como el que tienen todos los funcionarios ante acusaciones que la Abogacía considera infundadas. Ha sido aplicado en varias ocasiones, en contra de lo afirmado por Calvo.

A mi entender, esto ya no es sólo un intento negociar una salida aireada con los independentistas que se saltan la Constitución constantemente, sino que además es una dejadez de funciones por parte del ejecutivo.

Todas las asociaciones, salvo Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, piden la personación "inmediata" para "defender a la justicia española en su conjunto", esa petición la firman todas las asociaciones salvo Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que mira tú por donde, es a la que parece que pertenece la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ¿será casualidad?

Todo mi apoyo a la justicia española y basta ya de injerencias por parte de los gobiernos de turno.

Quien se salta la Ley, sea quien sea, debe ser juzgado pues eso nos lo aplican a todos los españolitos de a pie, la Ley es igual para todos y todos debemos respetarla, pues, si no, no estaríamos en un estado democrático.

Para que exista una democracia es indispensable que haya primero un Estado pleno de Derecho, es decir, que todos los habitantes de un país estén sometidos incondicionalmente a lo que dicta la ley.

De esta manera, no puede haber democracia sin Estado de Derecho, ni puede alcanzarse un Estado de Derecho sin democracia.

Miguel Pedrosa

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