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justicia

  • Un hombre lleva en prisión desde el 10 de diciembre a pesar de que puede acreditar que se encontraba en Rumanía cuando se cometió el robo

    Raim Memet es un rumano de 25 años al que la policía española detuvo el pasado 9 de diciembre. Le acusaban de robo con violencia. Una mujer a la que habían tirado al suelo y golpeado para quitarle un teléfono móvil durante la noche del 23 de noviembre, en el portal de su casa del centro de Madrid, le había reconocido en los álbumes fotográficos de la policía como su agresor.

    Pero Memet no estaba en España ese día. Estaba viajando de Rumanía a España, como acreditan un billete de autobús aportado por una compañía de transporte y las imágenes de seguridad de la estación de Méndez Álvaro, que recogen en imágenes su llegada a Madrid junto a su mujer un día después de la noche en la que se cometió el delito.

     

    A pesar de ello, Memet sigue aún en prisión. De fondo hay dos problemas. En primer lugar, la importancia judicial que se otorga a los reconocimientos que hacen los testigos y las víctimas de un delito a pesar de sus amplísimos márgenes de error.  La psicología del testimonio ha estudiado a fondo los problemas que plantean estas identificaciones como prueba en el proceso penal. Margarita Diges, catedrática de la Memoria de la Universidad Autónoma de Madrid, señala que los márgenes de error son del 28% cuando el culpable está en la rueda de reconocimiento y del 50% cuando no está. Es decir, la mitad de las veces en las que el culpable no está en la rueda, un inocente es reconocido como delincuente.

    Por otro lado está la falta de diligencia de la justicia para, cuando aparecen indicios de que puede haber un inocente en la cárcel, actuar de inmediato. Los patrones en este tipo de casos se repiten sin que se adopte ninguna medida. Cuando la persona además no tiene recursos y ha sido detenida con anterioridad, nadie parece tener prisa por aclarar los hechos.

    Identificación sin ningún género de dudas

    La víctima del violento robo, de 22 años, había descrito a su agresor como “un varón de 30 años aproximadamente, de tez morena, posiblemente de nacionalidad rumana, calvo y que vestía completamente de negro”, según consta en el primer atestado policial. Cuando fue a poner la denuncia, señaló sin embargo que no era calvo sino “de pelo muy corto y negro, ojos oscuros y piel oscura, entre 1,55 y 1,60”.

    Dos días después del robo le mostraron en comisaría una composición con nueve fotografías entre la que estaba Memet. El rumano, sin antecedentes penales, constaba en los álbumes de la policía por tres detenciones previas que por el momento no han acabado en condena. La mujer le reconoció “sin ningún género de dudas ni error posible”.

    El 9 de diciembre fue detenido. Al día siguiente, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid dictó el auto de prisión provisional comunicada y sin fianza basada en el reconocimiento de la víctima. El abogado de oficio de Memet, Xabier Etxebarria, aportó la lista de pasajeros del autobús procedente de Rumanía que llegó a Madrid el día 24 a las 12.30, de la empresa Saiz Tours, donde constaban como viajeros Memet, su mujer y un amigo suyo, con sus asientos respectivos. El auto de prisión del juzgado hizo caso omiso del listado; ni menciona su existencia.

    El caso pasó después al juzgado número 54. El 14 de diciembre, el abogado de Memet pidió con carácter urgente su puesta en libertad y el sobreseimiento libre del caso sobre la base del listado de viajeros. Se pedía además en este mismo escrito que se oficiara al director de seguridad de la Estación Sur para que entregara al juzgado las imágenes de la llegada del autobús procedente de Rumanía a Méndez Álvaro el 24 de noviembre, en las que aparecen Memet, su mujer y su amigo. Solicitaba también que se pidieran a la empresa de transporte los billetes de autobús adquiridos en Rumanía.

    Dos testigos

    Al no estar recabadas estas pruebas para la vistilla convocada para el día 19, el letrado intentó, sin éxito, que testificara la esposa de Memet, quien le acompañaba en el viaje, y un trabajador de la ONG Futuro Cierto, Pablo Hernández Román, que puede identificar a Memet y a su mujer en las imágenes de las cámaras de seguridad de la Estación Sur del 24 de noviembre. Ambos testigos esperaban fuera de la sala donde se celebró la vistilla. No se les escuchó.

    Hernández conoce bien a este matrimonio, desde hace más de un año. La pareja de rumanos no tiene hogar y viven en la calle. “Nosotros les hacemos un seguimiento, les ayudamos con comida, ropa y mantas, y sabemos cuando se van fuera de Madrid porque dejan de venir a pedir ayuda", explica. "En el caso de Memet, sabíamos que él y la mujer se habían ido a Rumanía y conocíamos el día que regresaban a Madrid. Él no ha podido cometer el delito porque no estaba en España”.

    La magistrada del juzgado 54, en su resolución, respondió que en el listado de pasajeros aparece un Raim Memet, pero ningún número de documento de identidad, por lo que no se puede concluir que el viajero sea ese Raim Memet (ninguna alusión a que iba acompañado de su esposa y de un amigo, lo que también consta en los archivos de Saiz Tours), no argumenta nada sobre la petición de que se oficie a la Estación Sur de autobuses para comprobar las imágenes de las cámaras de seguridad, no dice nada sobre los posibles testigos y resuelve mantener la prisión asegurando que los robos con violencia como el que se está investigando son de los que generan "grave alarma social”.

    El abogado interpuso un recurso de reforma ante el juzgado el 20 de diciembre en el que vuelve a pedir que se oficie a Saiz Tours para que envíe el billete de Memet y a la Estación Sur para que aporte las imágenes de las cámaras de seguridad. Al día siguiente, finalmente, el juzgado libró los oficios.

    “¿Es posible que Raim Memet supiera al ser detenido que justo en ese autobús viajaba otra persona con su mismo nombre?", se pregunta su letrado, Etxebarria. "No parece que tenga ningún sentido. Aparte de que hay testigos y pruebas claras como las imágenes de la Estación Sur que demuestran sin lugar a dudas que este hombre no estaba en España ese día. Lo que no se entiende es que se tenga a una persona en la cárcel con estos indicios y que nadie tenga prisa por confirmar lo que venimos exponiendo desde el primer día".

    La identificación llevada a cabo tras un reconocimiento fotográfico, como en este caso, plantea el problema de que en la rueda de reconocimiento el testigo puede no estar señalando ya a quién recuerda como delincuente, sino al que previamente ha reconocido en esa primera foto.

  •  La ministra de Justicia, Dolores Delgado. (EFE)© EFE La ministra de Justicia, Dolores Delgado. (EFE) 
    Nota de Prensa de El Confidencial

    La tensión acumuladadesde la pasada semana en el Ministerio de Justicia a cuenta del viraje en el criterio sobre la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena estalló este martes en una tormenta contra los servicios jurídicos del Estado. El malestar de la ministra Dolores Delgado por la publicación, en distintos medios de comunicación, de los informes de la Abogacía en los que se apoyaba representar al magistrado ante la demanda de Carles Puigdemont desembocó en una tremenda bronca en la que sobrevoló la amenaza de ceses, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

    En el cambio de criterio en fascículos del Ejecutivo respecto a la acción civil del 'expresident', escenificado en cuatro días, fue fundamental el conocimiento públicode la existencia de estos dos escritos. En ellos, tanto la abogada general —nombrada hace dos meses tras el cambio de manos del Gobierno— como el área contencioso-administrativa apoyaban sin fisuras la necesidad de contratar a un letrado belga para defender al juez. Fuentes de Justicia admiten un enorme malestar y preocupación por la difusión de estos "documentos de trabajo" y sospechan que fueron trasladados a los medios con la intención específica de frustrar los planes iniciales en lo que ya se ha convertido en el caso Llarena.

    La aparición en prensa de estos informes dejó en evidencia que la decisión de Delgado era personal y contraria a las recomendaciones de sus propios expertos. De hecho, en una entrevista concedida a 'Las mañanas' de RNE este lunes, la ministra fue preguntada por esta cuestión. Ya entonces calificó el criterio de los abogados del Estado como un "borrador de trabajo". "No ha habido un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia, sino que se ha realizado un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien", indicó.

    Llegó a referirse en concreto a la publicación de los escritos. "Se han publicado determinadas informaciones, no se sabe si interesadas o intoxicadas, en las que se manejaba documentación que no eran informes definitivos", dijo, y defendió que el doble criterio de la Abogacía no era más que una alternativa de trabajo entre otras muchas. Los servicios jurídicos solo redactaron esos dos dictámenes: no se emitió ninguno más.La abogada general ha estado de vacaciones durante el mes de agosto, por lo que no estaba presente cuando se redactó el segundo de ellos y ha sido una de las más molestas por la 'filtración' de los papeles internos del ministerio.

    Esas palabras traslucían ya un malestar que comenzó a crecer el lunes y explotó el martes. La sospecha sobre quién pudo filtrar los textos provocó que se llegara a amenazar con la expulsión de personas del departamento de contencioso. La ha sido una de las más molestas por la 'filtración' de los papeles internos del Ministerio. La tensión inicial no ha provocado, no obstante, despidos. Los ánimos se fueron calmando durante el transcurso de la jornada y la tremenda bronca no tuvo al final más consecuencias, aseguran las fuentes consultadas.

    Los informes de la discordia

    Los informes de la discordia eran dos. En ellos, tras examinar todas las circunstancias del caso, se concluía que personarse en nombre de Pablo Llarena no solo era obligatorio en aplicación del convenio de colaboración suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, en el año 2010, sino también necesariopor la importancia del asunto: estaban en juego nada menos que la inmunidad de jurisdicción y la soberanía española. Las conclusiones apuntaban que las declaraciones privadas del juez no podían separarse de su labor instructora.

    El primer informe, del pasado 31 de julio, figura firmado por la abogada general, Consuelo Castro, mientras que el segundo se elaboró tras el amparo que reclamaba el Poder Judicial y está fechado el 17 de agosto. Antes de comunicar el criterio a la ministra, el jueves pasado por la mañana, se celebró una reunión técnica en la que participaron cargos políticos del ministerio, como el nuevo secretario general, Antonio Viejo, antes juez decano de Madrid, la persona que decidió rechazar la citación a Llarena. Estaba aún ausente la abogada general.

    Los presentes decidieron trasladar a Delgado la necesidad de defender al juez pero, pese a todo, la ministra decidió que iba a hacerse todo lo contrario a lo que proponía su propio personal. No quería personarse en ninguno de los casos, ni siquiera en defensa del Estado, aunque acabó cediendo aconsejada por los más cercanos, aceptando una personación en Bélgica en nombre del Reino de España pero no del magistrado. Lo reflejó sin dejar lugar a la duda en un comunicado de prensa en que se aseguraba: "La demanda presentada en Bruselas incluye referencias a expresiones y manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función".

    Con la carrera judicial y fiscal levantada en armas ante el desamparo al magistrado que instruye la causa del 'procés', Pedro Sánchez rectificó la deriva. Su decisión, reflejada en un comunicado de prensa que difundió Moncloa y no Justicia, dio carpetazo a la cuestión. El presidente selló la rectificación con unas contundentes declaraciones: "La defensa de Llarena no es una cuestión privada sino de Estado".

  • Ahora comprendo el porqué de la Ley Mordaza con la justicia que aplican y la relación de estas con las dictaduras por coartar la libertad de expresión, críticas que algunos partidosLey mordaza llamados democráticos habitualmente han achacado a los países de la órbita comunista, sin querer acordarse de la nuestra, ni las dictaduras americanas, las de Oriente Medio, las de África, las de Asia, todas ellas sostenidas por los EEUU. Pero en nuestro país ha sido impuesta por el partido heredero del franquismo, el mismo que no ha condenado aquella aberración durante los últimos 38 años, no lo hacen porque no reniegan de él al ser en su mayoría herederos, hijos o nietos de los que infirieron la mayor ignominia al pueblo español durante 40 años.

  • La autarquía, la corrupción, la des-justicia, los privilegios. Es lo que pretende sin tapujos la banca, grandes empresas y la soslayada iglesia utilizando los medios a su servicio, como son las tertulias televisivas, miserable-justiciaradiofónicas y artículos en papel con la referencia continua al partido naranja. Una vez que el partido azul cumplió su cometido y caduco por las corruptelas que más pronto que tarde le pasará factura al estar imbuido en numerosos casos de corrupción y con el partido rosa domeñado al no poderse quitar el lastre de sus antiguos dirigentes que abogan en contra de cualquier giro a sus orígenes y apoyando el artículo 155, con la promesa del M. Rajoy de una reforma de la Constitución, que como tantas otras incumplirá, así lo manifesté en el artículo de octubre: “Rajoy, como ayer, mientes hoy”, estando a la espera de los resultados catalanes para realizar una reforma “ad hoc” junto a los rosas y naranjas. Sin PODEMOS ante la excusa de que pedirá una consulta sobre monarquía o República.

    El asalto del naranjito a La Moncloa, su cielo, se inició con el apoyo explícito el 1-O cuando acusaron y encerraron al Govern por sedición, rebelión, violencia y malversación de fondos públicos, por medio de fiscales y jueces en nombre de una cierta justicia cuando:

    Sedición:Levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo.

    Rebelión:Levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro.

    Violencia:Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo.

    Malversación:Acción en la que uno o más individuos se apropian de mala manera de valores o fondos que les han sido confiados cargos públicos de alto rango y con ánimo de lucro en beneficio propio. 

    La justicia española, con balanza, espada y ojos sin vendar ejerciendo con senilidad, o siendo utilizada por ciertos elementos que la ejercen con evidentes signos de demencia senil y partidista esgrimen estas acusaciones cuando según definición de la RAE son incomprensibles.  Los dos primeros, Sedición y Rebelión, ¿contra quién?, si ellos gobernaban en Cataluña. Violencia, solo la ejercieron los coeficientes cero mandados a impedir una votación pacífica (pero sin garantías totalmente democráticas). Malversación, por alrededor de 160.000 € al comprar unas urnas.

    Aplicación extrema de los fiscales y jueces que no hace de igual forma en los casos de los millones estafados durante décadas por los partidos mayoritarios, nadie en la cárcel, condenas irrisorias, dinero nunca devuelto, familiares del VI Felipe en Suiza, país sin extradición y donde la banca, grandes empresas y la iglesia, los mayores corruptores, sin pisar un juzgado. ¿Dónde está la diosaIustitia?

    Nuestro cáncer no tiene cura con los elementos que nos representan blandiendo la justicia como arma de forma interesada, ejerciendo la autarquía utilizando un puñado de votos por el partido que nunca condenó al que la ejerció desde 1936 a 1975, herederos o familiares en diverso grado de quienes la ejercieron junto al dictador, militares, iglesia, jueces y fiscales del TOP y de otros órganos judiciales.

    La metástasis de nuestro cáncer mata solo a la ciudadanía, el naranja de ahora es un nuevo brote preparado minuciosamente, con fondos sospechosos, para en un supuesto éxito sirva como plataforma para ser el futuro inquilino de La Moncloa. Partido con el apoyo indirecto de los otros dos cuando se autodenominan “constitucionalistas”, excluyendo al resto de partidos en esas elecciones, el morado, el de la señera con estrella y otros menores, cuando la realidad es que todos son constitucionalistas al estar representados en el Congreso de los diputados e incluso los que no están. Otra cosa es que ciertos partidos interpreten la Constitución de una manera subjetiva, lo mismo que hicieron los distintos gobiernos desde 1978, pisotearla cientos de veces desde que la firmaron. Constitución contradictoria desde su inicio con los artículos 14 y 56.3, representación tácita de esas contradicciones.

    La plataforma de lanzamiento del naranjito son los medios afines a los azules, naranjas, rosas o del bando eclesial, algunas veces critican a su socio azul por el cupo vasco y navarro, pero silencia los privilegios catalanes o la demanda de la faraona de Andalucía. Tiene el guion preparado partiendo de la cantinela utilizada por el partido azul desde la aparición del partido morado, y contra él lo esgrimen citando siempre y en todas las entrevistas, a Irán o Venezuela, incluso con invitados venezolanos. También por estar de acuerdo con del “derecho a decidir”, sin decir que, con una votación clara y democrática de la ciudadanía, frente a la guerra de banderas y el “a por todas”. Incluso capaces de criticar el silencio de los morados en los acuerdos mantenidos desde 1978 con ciertas Comunidades, obviando y ocultando deliberadamente lo que en realidad PODEMOS desea imitar, pretendiendo la igualdad en todas las Comunidades y regiones siendo tan manifiesta las diferencias entre unas y otras gobernadas incluso por el partido azul o rosa en la actualidad.

    Buscando igualdades por los recortes en Educación, Sanidad, Derechos sociales, etc., en el resto de las comunidades. Igualdad en base al artículo 14 y contra el 56 por el aforamiento de 280.159 personas, distribuidas en: 2358 entre borbones y políticos, 5.171 jueces, 2.407 fiscales, 7.685 jueces de paz, siendo el resto los cuerpos y fuerzas de seguridad, que tienen un aforamiento parcial.

    Por la igualdad impositiva donde las grandes empresas y fortunas paguen al menos el 15% como en otros países, frente al escaso 3% actual, como máximo. Contra las amnistías fiscales. Contra la ingeniería fiscal. Contra el Concordato de la Iglesia católica por los 10.000 millones anuales y la exención de impuestos.

    Contra la inmatriculación de bienes públicos por la Iglesia católica renovada por Real Decreto el 29 de septiembre 1998 con el gobierno de Aznar, en base a los acuerdos con la Iglesia en febrero de 1946 por el dictador. Cuyo origen fue en enero y diciembre de 1799, y en la Real Cédula de 21 de octubre de 1800 (todas bajo el reinado del borbón Carlos IV). Con varias desamortizaciones posteriores en 1809 – 1814, 1820 -1823, 1836 – 1837, 1841, 1854 - 1856, 1868 – 1874, 1932-1939. Siempre anuladas por los conservadores y adictos eclesiales.

    Se ve el hostigamiento naranja y sus actuales amos contra PODEMOS, en defensa de sus privilegios y con el apoyo explícito de azules o rosas, todos frente a un partido con cinco millones de votantes que pueden decidir el gobierno de la Nación y lograr acuerdos globales en beneficio de los ciudadanos desde Galicia a Canarias, Ceuta y Melilla.

    José Enrique Centén Martín

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  • Justicia

    Nunca supe que me sucedía cada vez que traspasaba los umbrales de un juzgado, y no lo supe porque nunca me dio por ir al psicoanalista por ello, como una de tantas cosas que nos ocurren y nos tragamos sin rechistar pensando que no será nada y ya pasará aunque nunca pasó. Tampoco sé si aquellos lodos emocionales que tragué habrán somatizado en algo, solo sé que dicen que aquello que no mata engorda, y así me veo, con sobrepeso a golpe de ruedas de molino tragadas.

    Juana Rivas ha sido mi psicoanalista, así de golpe, como cuando descubres el sentido de tanto sinsentido en un solo fogonazo visual y visionario. No es extraño que se me descompusieran las tripas a cada entrada a un juzgado, con independencia de la jurisdicción y la instancia, todo lo que oliera a jueces me deterioraba el organismo, por más que mi razón y mis razones trataran de tomar el mando de mi descompostura emocional. Ahí me encontraba siempre: desbocada e indignada, tratando de mantenerme dentro de una toga con tanta dignidad como indiferencia a los olores que exhalaba la prenda. Y aún huelo el recuerdo de todo aquello antes de que huyera para preservar mi salud, como algo que está descompuesto, por mucho que se integre en la teoría de la legalidad tanto constitucional como constituyente, en la legislación como en la praxis y en la génesis de la separación de poderes como garantía del estado, del derecho y de la democracia.

    Algo huele a rancio en las oligarquías, que llevan siempre un acento económico, en la hondura de su acceso, en el modo de su nombramiento, en la falta de control a modo de “necesaria independencia”. Ese olor no es solo un olor a genitales, no es solo el olor de macho impregnando la justicia (o administración legalista de los conflictos). A mí me huele a rancio por viejo y oxidado, a podrido por anacrónico, además de por lento y alejando de cuanto sentir popular late tanto en la calle como en las urnas, y no quiero que piensen que exagero si digo que me huele a mierda. Vamos a dejarlo en rancio.

    La denominada justicia en España, está en mi opinión y sentir emocional e intuitivo muy lejos de la democracia, entendida como la voz y el sentir de todos, o de la mayoría. Es tan ineficaz contra el maltrato contra la mujer, como contra la ocupación ilegal en barrios de trabajadores y colectivos en riesgo o casi en riesgo de pobreza. Es ineficaz a la hora de perfilar, definir, y proteger los derechos consolidados de los trabajadores, a la hora de argumentar, sostener y pergeñar los nuevos derechos, como la salud, la vivienda, la cultura o el medio ambiente… Es ineficaz, atrasada, conservadora y cutre por lo que he podido observar en casi todo. Es laxa con los ricos y la delincuencia financiera, y dura, implacable e injusta con los pobres. Como lo fue en la edad media, como lo fueron los tribunales especiales e inquisitoriales en la historia, como lo fue durante la dictadura franquista. Como lo ha sido siempre.

    Sufro desde hace años terriblemente por ello, hasta que dejé de enfundarme en toga alguna. Sé que a nadie le importa eso, seguramente ni a mí, pero a alguien sí debería importarle el sentir general de la gente que se hace patente en el caso de Juana Rivas, porque de este caso sí se han enterado los medios, la sociedad y la mayoría. Por algo se empieza, cuanto desearía que este caso fuera el primero por y hacia una verdadera y democrática justicia. Que este caso fuese el ocaso de un estado de cosas inadecuado para la justicia, la democracia, la libertad y los derechos humanos, entre ellos los de la mujer y la infancia.

    Desearía que un día Juana Rivas merezca un homenaje en vez de una orden de detención, por haber sido detonante para un muy necesario cambio, tanto en las normas como en las praxis, por supuesto, en mi opinión presunta, o presunta opinión.

    Madrid, 10 de agosto de 2017

    María Ángeles Fernández Jordán

    Poeta

    Letrada no ejerciente de Madrid

  • IU, condenada por los insultos escritos en una web del partido

    Para empezar, quiero aclarar que siento mucho que Izquierda Unida Regional y Federal tengan que cargar con la responsabilidad de los actos, temerarios,Tribunal cometidos por las dos personas que dirigían Izquierda Unida de Colmenar Viejo en 2011 y que controlaban y moderaban, o debían moderar, el foro local de su página web.

    Estas dos personas, que en la actualidad ocupan cargos de concejales en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, bajo las siglas de Ganemos, y que el día 12 de marzo de 2011 con objeto de burlarse del nombre de un nuevo partido político creado por un gran amigo mío, al que no dudé en apoyar participando en su creación, tomaron su propio foro para intentar dañar mi propia imagen y mi honor de forma gratuita y sin razón alguna, ya que no solo se mofaron de mi persona sino que me insultaron, vulnerando así los derechos y deberes fundamentales regulados en nuestra propia Constitución y votada por la mayoría de los españoles en 1978.

    Tales manifestaciones me atribuían una conducta delictiva en el ámbito empresarial o de negocio, que no político, para caer en la descalificación más vejatoria, difundiendo hechos que carecían de interés general o de relevancia pública y que además eran totalmente falsos, sin que el hecho de haber ocupado cargos políticos justificara comentarios que atacaran mi honestidad e integridad como persona, en el ámbito privado y profesional.

    Después de cinco años de juicios, sentencias, recursos, el Tribunal Supremo se ratifica en la sentencia que me dio la razón el Provincial y a la cual recurrió IU Federal.

    El Tribunal Supremo condena a IU Federal e IU Regional a indemnizarme económicamente por violación del Derecho al Honor y a publicar en la página web de Izquierda Unida de Colmenar Viejo la sentencia definitiva, así como al pago de las correspondientes costas.

    A mi entender, y para evitar que algo así pueda volver a suceder, los responsables de IU Regional y Federal deberían exigir a esas dos personas la asunción moral de los actos cometidos, que van en detrimento de la marca de IU, a la cual no han respetado en el momento en que deciden cometer dichos actos temerarios como si de su propia empresa se tratase.

    A Ganemos le aconsejaría que evitara tener en sus filas a personas que no respetan las ideas de los demás ni la democracia. Los nombres de los Partidos Políticos pueden dar pie a comentarios jocosos y otros, por muy serio que sea su nombre, no cumplir con lo prometido en las urnas, pero, ante todo, debemos respetar la democracia, las ideas y los derechos ajenos.

    Miguel Pedrosa Ruiz

  • Las autoridades de Ecuador emitieron la máxima pena que les permite la ley en contra de los dos hombres implicados en el homicidio de las dos jóvenesArgemtinas

    Soraya Constante

    Quito18 AGO 2016 - 03:33 CEST

    .

    El Tribunal Penal de Santa Elena emitió una histórica sentencia para los dos implicados enel asesinato de las turistas argentinas María José Coni y Marina Menegazzo. Tras una larga audiencia de juzgamiento que comenzó el pasado 8 de agosto, Segundo P. y Eduardo D. fueron condenados a 40 años de cárcel. La Fiscalía presentó como pruebas la declaración de 36 personas y más de 300 indicios levantados, como documentos, prendas íntimas, zapatos, videos y muestras de ADN, entre otros, hallados en las escenas del doble crimen. “Hubo muchas pruebas contundentes, sobre todo, las pruebas de ADN que los vincula a las armas homicidas, a los cuerpos de las chicas, a la escena del crimen”, dijo Hernán Ulloa, abogado de las víctimas.

    La familia expresó su satisfacción con la sentencia y el trabajo de María Dolores Coloma, fiscal encargada de la investigación, que no dejó espacios para las dudas. “Yo primerodesconfiaba de que ellos fueran los culpables, pero luego de ver las pericias, los videos, ahora estoy convencida de que sí son”, declaró Gladys Steffani, madre de María José, al diario El Telégrafo. “Aquí estamos de pie, no diría esperanzadas, porque es una palabra muy positiva para lo que hemos pasado, pero sí con la mirada puesta en un mundo más humano”, dijo Cristina Menegazzo, madre de Marina.

    Las madres de las jóvenes encontradas muertas en Ecuador creen quehay más personas involucradas y eso lo confirma la pericia en la que se determinó que había más perfiles genéticos en la casa donde ocurrió el doble asesinato, entre ellos el de dos mujeres que también pudieron ser víctimas.

    Ulloa explica que 26 años es la máxima pena establecida en la legislación ecuatoriana para el delito de asesinato, pero en este caso se aplica el tope de 40 años que permite el Código Penal por los agravantes y la concurrencia de varios delitos como robo y violación. “Es una sentencia histórica y marca un precedente importante para la seguridad de nuestra sociedad”, concluye el jurista.

    Las turistas argentinas desaparecieron el pasado 22 de febrero en Montañita, una de las playas más visitadas de Ecuador. Las chicas tenían pensado trasladarse haciendo autostop ese mismo día hacia Guayaquil y seguir el viaje a Perú. Allí, el 25 de febrero, pretendían tomar un vuelo de Skyairline a Chile y luego a Mendoza (Argentina). Ahora y tras la reconstrucción de los hechos se sabe que ambas conocieron a su asesino ese 22 de febrero y cambiaron su rumbo. Sus cuerpos fueron hallados pocos días después, dentro de bolsas plásticas, y en distintos sitios. 

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